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El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció es a la cadena minorista Walmart, a la que acusa de haber dispensado opiáceos aceptando miles de recetas consideradas “sospechosas” por las autoridades.
En un comunicado, el Gobierno estadounidense reveló que había presentado una demanda civil ante una corte de distrito del estado de Delaware, en la que sostiene que, como operador de farmacias, Walmart aceptó miles de recetas de opiáceos a sabiendas de “que no fueron emitidas para propósitos médicos legítimos o en el uso habitual de la práctica médica”.
La Fiscalía General de Estados Unidos agrega que, en su faceta como operador de centros de distribución, Walmart recibió cientos de miles de órdenes “sospechosas” de las que no informó a las autoridades antinarcóticos.
Con todas estas acciones, el Gobierno opina que la empresa ayudó a aumentar la crisis de opiáceos en el país.
A lo largo de su escrito judicial de 160 páginas, el Departamento de Justicia afirma que Walmart sabía que su sistema para detectar recetas ilegales era inadecuado y detalla varias situaciones en las que sus empleados advirtieron a las autoridades federales y a los directivos de la compañía de prescripciones sospechosas.
“Ha sido una prioridad de esta Administración que rindan cuentas los responsables de la crisis de opiáceos recetados. Como una de las mayores cadenas de farmacias y distribuidor mayorista de medicamentos en el país, Walmart tiene la responsabilidad y los medios de ayudar a evitar la desviación de los opiáceos con prescripción”, afirmó el fiscal general adjunto de la División Civil, Jeffrey Bossert Clark.
“En su lugar, durante años hizo lo opuesto, aceptar miles de recetas inválidas en sus farmacias y fracasar a la hora de informar de órdenes sospechosas de opiáceos y otros medicamentos hechas por esas farmacias -siguió Clark-. Esta conducta ilegal contribuyó al abuso epidémico de opiáceos en Estados Unidos”.
De ser hallado culpable, Walmart podría afrontar multas de hasta US$ 67,627 por cada receta ilegal que haya despachado y US$ 15,691 por cada orden sospechosa de la que no haya informado a las autoridades.
En un escrito público, Walmart respondió a estas acusaciones alegando que la demanda “se inventa una teoría legal en la que se ha forzado ilegalmente a los farmacéuticos a interponerse entre los pacientes y sus médicos, y que está plagada de inexactitudes fácticas y de documentos sacados de contexto”.
“Culpar a los farmacéuticos por no adivinar qué médicos están autorizados (por la Administración de Control de Drogas, DEA) para recetar opiáceos es un intento transparente de trasladar la culpa de los fracasos bien documentados de la DEA, a la hora de evitar que los malos médicos prescriban opiáceos”, lamentó Walmart.
Esta demanda se produce después de una denuncia civil hecha el verano pasado por varias ciudades, condados y tribus indígenas que acusaba a Walmart y otras cadenas minoristas que ofrecen servicios farmacéuticos como CVS, Rite Aid y Walgreens de haber jugado un papel en la crisis de opiáceos.
El mes pasado, Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, reconoció su culpabilidad de tres delitos y acordó pagar US$ 8,300 millones en el marco de un arreglo con el Departamento de Justicia por su rol en una crisis que ha matado a unos 450,000 estadounidenses en las últimas dos décadas.
