Estados Unidos busca cortar las relaciones comerciales de sus empresarios con Venezuela a manera de rechazo al “gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro”, ya que el último lunes 18 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley denominado Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo. Ahora deberá ser aprobado por el Senado y firmado por el presidente Joe Biden para comenzar a regir.
La iniciativa, denominada coloquialmente como Ley Bolivar, nació tras el consenso entre legisladores demócratas y republicanos, y pone candado a la suscripción de contratos con personas que realicen negocios con la administración de Maduro así como con cualquier otro “no reconocido como legítimo” por Washington.
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El régimen de Nicolás Maduro asegura que la jugada política de Estados Unidos pretende impedir la cooperación económica entre ambas naciones y trasgrede la Carta de la ONU al sumarse a las más de 930 medidas “coercitivas unilaterales y extraterritoriales” impuestas a Caracas.
Vale anotar que para el gigante norteamericano las dos últimas reelecciones de Maduro fueron fraudulentas; y por ello, respaldan a Edmundo González Urrutia, candidato electoral de la opositora María Corina Machado y el cual se exilió en España tras los comicios en Venezuela.
Mike Waltz, legislador republicano —y futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca del presidente electo Donald Trump— alegó que Venezuela está en crisis “debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”.
En esa línea, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, coincide en estrechar el cerco a Maduro y pidió deshacerse de los “intereses corporativos turbios” que dan pie a la corrupción y “el robo electoral de Maduro”.
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Más sanciones comerciales a Venezuela
Wasserman Schultz también promovió la ley Revocar, con la que apunta a rescindir las licencias dadas a varias petroleras que operan en Venezuela; y por otro lado, impulsó la ley Valor, con la que reafirman las sanciones financieras hacia el Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela y a las criptomonedas llaneras y a la asistencia exterior a cualquier país que respalde a Nicolás Maduro.
Desde 2019 la industria petrolera venezolana carga con sanciones pero Washington brinda licencias individuales a empresas como Chevron, Repsol y Maurel & Prom para operar.
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