Únete al canal de GestiónHace cinco años Alexis Llanos y su familia huyeron de Venezuela hacia Colombia, escapando de amenazas de muerte y persecusión política. Tampoco allí consiguieron estabilidad y resolvieron atravesar la peligrosa selva panameña del Darién para cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos con México.
Sus planes ya tenían fecha para agosto de 2023 cuando un amigo les contó de un nuevo programa del gobierno de Estados Unidos que les permitiría llegar de manera legal. Entonces decidieron esperar, y funcionó.
Después de un proceso de cuatro meses que incluyó exámenes médicos y numerosas entrevistas con organismos de la Naciones Unidas y funcionarios estadounidenses, Llanos, su pareja Diomaris Barboza, y sus hijos de 7 y 3 años llegaron a la Florida.
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“Fue una oportunidad única, un milagro que Dios tenía preparado para mi”, expresó Llanos, de 27 años, en una entrevista reciente con The Associated Press. “Me siento bendecido, agradecido… no quería arriesgarme, no me perdonaría si les hubiera pasado algo por culpa mía” cruzando la selva, dijo.
La familia Llanos es una de las primeras que ha llegado legalmente a Estados Unidos a través de un nuevo programa del gobierno del presidente Joe Biden conocido como “Oficinas de Movilidad Segura”, que funciona en Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador.
El objetivo es acelerar el proceso de refugiados para que los migrantes no tengan que pagar a contrabandistas humanos en una peligrosa travesía por numerosos países antes de llegar a la frontera de México con Estados Unidos, que ha tenido un récord de cruces ilegales. Hasta ahora unos 3.000 refugiados han llegado a Estados Unidos a través de este programa, y 9.000 han sido aprobados.
El impacto en los cruces fronterizos ilegales, sin embargo, ha sido ínfimo. En diciembre se produjeron más de 10.000 detenciones diarias de migrantes durante varios días. En ciudades como Chicago, Nueva York y Denver, los inmigrantes que no tienen acceso a permisos de trabajo, duermen en los vestíbulos de las comisarías y en los aeropuertos.
El tema de la frontera de Estados Unidos con México es central en la campaña presidencial de 2024, con fuertes críticas de la oposición republicana a las políticas migratorias de Biden.
Los republicanos demandan políticas más restrictivas que reducirían drásticamente las protecciones de asilo, entre otras cosas, y presionan negociando esto a cambio del pedido de Biden de decenas de millones de dólares de ayuda adicional para Ucrania.
El programa fue creado en momentos que la administración busca frenar el cruce ilegal de migrantes y el Congreso se niega a debatir una reforma a las leyes de inmigración. Los migrantes, especialmente las familias, pueden todavía llegar a la frontera estadounidense y peridir asilo. Allí les dan una cita para los tribunales de inmigración y deben demostrar que son elegibles para poder quedarse en este país. Las demoras son larguísimas, y los inmigrantes terminan esperando años para conseguir una cita en las cortes. Mientras, permanecen en el limbo sin saber si podrán conseguir algún tipo de estatus legal.
A través de la iniciativa de movilidad segura, llegan como refugiados que ya han cumplido con ciertos requerimientos y están autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos. El proceso suele llevar años, pero por medio de este programa se completa en cuestión de meses.
Algunos defensores de inmigrantes aplauden la iniciativa, pero advierten que no debería utilizarse para reemplazar al sistema de asilos.
“Es sumamente importante que estas vías existan ahora. Van a ofrecer seguiridad a muchas personas que de otro modo no tendrían los medios para acceder a esa vía legal”, expresó Hannah Flamm, asesora de políticas del Refugee Assistance Project. Pero advirtió: “ninguna mejora del acceso al reasentamiento de refugiados puede realizarse a expensas de los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera”.
En el programa, el gobierno trabaja junto a dos organizaciones de las Naciones Unidas: la agencia para los refugiados, más conocida como ACNUR; y la Organización Internacional de las Migraciones, OIM.
Para inscribirse, los migrantes deben responder primero a una serie de preguntas online, en el sitio web de la iniciativa. Tras pasar varios filtros de elegibilidad, sus casos son referidos a las agencias de la ONU, que hacen las primeras entrevistas y luego envían los expedientes al gobierno de Estados Unidos, que es el que decide si los aprueba o no. Aún en los casos que los interesados no cumplen con los requisitos para llegar como refugiados, las autoridades pueden evaluar si podrían arribar bajo otros programas legales temporales.
“Este proceso facilita y reduce los tiempos” para los refugiados, dijo Luiz Fernando Godinho Santos, portavoz de ACNUR para las Américas. “Evita que las personas tengan que hacer estos movimientos por toda la región y permite que muchos de ellos puedan accesar estas vías legales desde los países en que se encuentran”.
Jefferson Castro, el venezolano que le contó a Llanos sobre la existencia del programa, también se inscribió para inmigrar a Estados Unidos legalmente desde Colombia, donde permanece desde que salió de Venezuela en 2018 por amenazas policiales.
Tras varias entrevistas con funcionarios de la ONU, en septiembre viajó nueve horas en autobús desde Medellín a Bogotá con su esposa y sus dos hijos de 8 y 4 años para más entrevistas con funcionarios estadounidenses, exámenes médicos y cursos de inmersión cultural.
Estuvieron al menos nueve días en un hotel de Bogotá y finalmente se enteraron que otras tres familias que habían viajado con ellos desde Medellín habían sido aprobadas. Castro pensó que ellos también serían aprobados, y vendió la heladera, las camas y la motocicleta que usaba para trabajar haciendo entregas a domicilio. Pero pasaron semanas en el limbo, sin tener ninguna noticia sobre el estatus de su caso.
“Me quedé sin trabajo, sin dinero, sin respuestas”, manifestó Castro, de 28 años, en una reciente entrevista telefónica con la AP desde Medellín.
A finales de diciembre, después de cerca de tres meses de no recibir ninguna comunicación, finalmente le llegó un mensaje de correo electrónico avisándole que estaban aprobados. Les queda, sin embargo un obstáculo por sortear: le requieren que tramite el pasaporte de su hija colombiana y él asegura que no tiene los 100 dólares que necesita para cubrir los costos.
“¿Cómo puedo tener fe sin trabajo? ¿Cómo saco el pasaporte si no tengo dinero?”, se preguntó Castro. “No sé qué hacer”.
Algunos activistas de inmigración dicen que el programa puede ser confuso, que no hay suficiente información y que tampoco está disponible para la mayoría de los migrantes. En Colombia, por ejemplo, sólo pueden aplicar los cubanos, haitianos y venezolanos que ya estaban en ese país el 11 de junio o antes.
Aún así, es un buen comienzo. Y las familias que son aprobadas para llegar como refugiadas a Estados Unidos, cuentan con la ayuda de una organización no gubernamental que las asiste con su reasentamiento en Estados Unidos.
“Sin dudas es un paso en la dirección correcta en términos de proporcionar a las personas mecanismos para buscar asilo de manera segura en lugar de depender de coyotes y emprender un viaje peligroso desde donde quiera que viajen hasta la frontera de los Estados Unidos”, dijo Lee Williams, director de programas del Lutheran Immigration and Refugee Service, el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.
Al igual que los Llanos, el venezolano Adanny Hurtado y su familia llegaron en octubre. Están viviendo en Houston, Texas, en una casa de dos dormitorios cuya renta paga una organización no gubernamental que también los ayuda con los alimentos y trámites para permiso de trabajo.
Hurtado ya trabaja como soldador y su esposa como asistente al cliente en Walmart, mientras los dos niños, de 5 y 9 años, acuden a la escuela pública.
“No lo puedo creer todavía, pienso que no es real, a veces me paro y no puedo creer que estoy aquí en Estados Unidos”, dijo Hurtado, de 29 años. “Movilidad Segura fue la mano que me tendió Dios”.
Santos, sin embargo, advierte que el programa no es una solución definitiva ni un reemplazo del sistema de asilos, sino que debiera ser más bien parte de una respuesta más amplia al problema de la migración, que no deja de crecer: cerca de 18,4 millones de desplazados en el contienente américano, de acuerdo con un reporte de ACNUR de 2023.
Llanos y su famlia pasaron semanas de incertidumbre en Colombia sin saber si serían elegibles para llegar legalmente a Estados Unidos. La noticia les llegó tras sus últimas entrevistas, después de 10 días en un hotel en Bogotá. La espera, no obstante, fue menor que la de otros.
“No supimos la respuesta hasta el último día”, aseguró Llanos. La familia vendió sus pertenencias y con la ayuda de los servicios luteranos de inmigración llegaron a Lehigh Acres, una pequeña población en el area de Fort Myers, a unos 225 kilómetros (140 millas) al noroeste de Miami.
Ahora viven en una casa de dos cuartos en una calle tranquila donde ya están haciendo nuevos amigos. Los servicios luteranos los están ayudando con exámenes médicos y trámites que necesitan para ser residentes legales, incluyendo la inscripción de su hija mayor en la escuela. Por ahora no tienen que preocuparse por el dinero ya que también les pagan la renta y proveen alimentos.
El dueño de la casa, con quien se comunican a través de un traductor del teléfono móvil, le ha ofrecido ya trabajo a Llanos en obras de construcción. En unos meses, cuando ya estén acomodados completamente, tendrán que comenzar a pagar US$ 3,000 de los pasajes de avión, en un plazo de tres años.
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