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La fuga de un notorio narcotraficante ha puesto en aprietos al nuevo Gobierno de Ecuador que asumió el poder en noviembre prometiendo controlar la ola de criminalidad que ha convertido al país en uno de los mas peligrosos de América Latina.
Más de 3,000 policías y soldados iniciaron la búsqueda de Adolfo Macías, el jefe de la banda criminal Los Choneros, después de que los guardias penitenciarios notaran el domingo su ausencia de una prisión en Guayaquil.
Fito, como se conoce comúnmente a Macías, probablemente escapó después de que le advirtieran de su inminente traslado a una instalación de alta seguridad, dijo el lunes el portavoz del Gobierno ecuatoriano, Roberto Izurieta, a la estación de televisión local Teleamazonas.
La saga es el último indicio de que el sistema penitenciario de Ecuador ha “fracasado por completo”, dijo Izurieta. Según los medios de comunicación locales, la madrugada del lunes se reportaron disturbios en varias otras instalaciones en todo el país.
La fuga se produjo pocos días antes de la esperada presentación por parte del presidente Daniel Noboa de un plan para reformar el sistema penitenciario, que ha experimentado una serie de disturbios mortales en los últimos años.
Las autoridades ecuatorianas han achacado los problemas a la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, al tiempo que luchan por controlar los brotes de violencia que han causado la muerte de más de 400 reclusos desde principios de 2020.
Noboa, el heredero de 36 años de una fortuna bananera que ganó las elecciones en octubre, asistió a una reunión de seguridad de emergencia el domingo por la noche en Guayaquil, pero aún no ha comentado sobre el incidente.
Durante la campaña del año pasado se comprometió a construir prisiones en el extranjero para criminales peligrosos, y el plan de reforma incluirá una nueva instalación de máxima seguridad en la escasamente poblada provincia amazónica de Pastaza, dijo Izurieta.
Los problemas en las prisiones se han producido en paralelo a un aumento general de la violencia, que fue la principal preocupación de los votantes durante las elecciones. La tasa de homicidios en Ecuador alcanzó 46.5 por cada 100,000 habitantes el año pasado, casi el doble del récord anterior establecido en 2022 y ocho veces su nivel de 2018.
En diciembre, la fiscal general, Diana Salazar, advirtió que las bandas de narcotraficantes responderían con un aumento de la violencia a una investigación a gran escala sobre la corrupción en el poder judicial.
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