La fuerte presión migratoria que sufren las islas atlánticas de Canarias (España) ha derivado en una crisis asistencial de centros sobresaturados de acogida de niños y adolescentes, mientras el Ejecutivo español trata de contener la llegada irregular de miles de personas con acuerdos de colaboración con varios países africanos.
Solo entre julio y agosto entraron por mar en el archipiélago 6.267 personas desde África, unas 2,000 más que en los dos mismos meses de 2023, según el Ministerio del Interior.
Desde enero pasado, 25.524 llegaron en embarcaciones precarias (pateras y cayucos) a las Canarias, un 123% más que el igual periodo del año pasado, que marcó el récord de casi 40,000.
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La Cruz Roja calcula que la mitad de todos esos inmigrantes desembarcaron en la isla de El Hierro, la más pequeña y occidental, de algo más de 11,000 habitantes.
De todos los inmigrantes llegados en ese tiempo a Canarias, el 14.43% (3.719) fueron niños y adolescentes sin familiares (1.887 a El Hierro), lo que desborda desde hace tiempo los centros regionales canarios de acogida.
En menor medida, cerca de 10,000 inmigrantes arribaron entre enero y agosto a las costas peninsulares españolas y las islas mediterráneas de Baleares, y a las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla.
Este mismo martes fueron localizados 226 migrantes después de alcanzar las Baleares.
Crisis humanitaria y tensiones políticas
Esta crisis asistencial de los inmigrantes ha generado tensiones políticas entre el gobierno regional canario, obligado a instalar carpas y habilitar otros recursos para atenderlos, y el Ejecutivo central.
Las autoridades regionales canarias han pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida de menores migrantes que no acepten a ninguno más, pues están sobrepasados, y consideran que los debe atender el Estado.
El presidente canario, Fernando Clavijo, insistió este martes en que es el Estado el que tiene la custodia y guarda de los menores no acompañados que lleguen a las islas, aunque insistió en que el gobierno canario les prestará una primera atención.
Canarias dispone de 4,339 plazas para ellos, pero actualmente hay 5,283 en sus centros.
La ministra portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, aseguró este martes que el presidente regional canario se equivoca cuando denuncia la ausencia del Estado en la crisis migratoria.
El fondo de la polémica es una reforma de la ley nacional de extranjería para que las regiones españolas tengan que asumir obligatoriamente parte de esos menores cuando alguna de ellas esté sobrepasada. La aprobación está pendiente por discrepancias entre el ejecutivo español de izquierdas y la oposición conservadora.
Colaboración con Mauritania, Gambia y Senegal
La presión migratoria repuntó fuertemente en Canarias en 2020, cuando estalló la pandemia y sus graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas.
La pobreza, la sequía, las guerras y otros conflictos empujan a miles de personas a jugarse la vida en barcazas abarrotadas.
Parten hacia el archipiélago español con la esperanza de alcanzar Europa, pero el destino es muchas veces incierto. La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) calcula que, como mínimo, 4.755 personas perdieron la vida en el Atlántico desde 2014 cuando navegaban hacia Canarias.
Son principalmente subsaharianos, también magrebíes, y algunos proceden de países asiáticos que optan por la vía atlántica en vez de cruzar el Mediterráneo.
Este año, cuatro de cada diez personas rescatadas por España en esta ruta migratoria proceden de Mali, según Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), un país en guerra, agudizada por la crisis de toda la franja del Sahel.
La emergencia migratoria se ha desplazado a las Canarias desde Lampedusa (sur de Italia), donde las llegadas se han ralentizado gracias a la colaboración con varios países del norte de África, según el Gobierno italiano.
En estas circunstancias, el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, viajó la semana pasada a Mauritania, Gambia y Senegal para profundizar los acuerdos contra los movimientos irregulares de personas.
Sánchez defendió su política, que pasa, según dijo, por fomentar la migración ordenada (por ejemplo con contratos laborales en origen), porque eso “vacuna” contra las mafias y contra quienes usan la migración irregular para extender la xenofobia.
Sánchez reiteró en Senegal los efectos beneficiosos de la inmigración regular, y que es “imprescindible” el retorno a sus países de quienes llegan a España irregularmente.
“Principalmente -argumentó- porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello”.
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