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Líderes políticos, autoridades regionales e instituciones de Bolivia sumaron sus pedidos para que el gobierno central disponga cuarentena total para contener la pandemia del coronavirus cuando en el país ya rige el cierre de fronteras aéreas y terrestres y se aplican restricciones al transporte.
El alcalde de la ciudad andina de Oruro, Saúl Aguilar, aseguró que se le planteará esta medida al gobierno luego de discutirlo con sectores del comercio, transporte, juntas vecinales y otras instituciones.
Oruro, la región que tiene 8 de los 19 casos de coronavirus reportados en el país, aprobó drásticas medidas, mayores incluso a las que se aplican en el ámbito nacional.
En Bolivia rige una cuarentena limitada desde el miércoles pasado que reduce la jornada laboral y agrega prohibiciones a la circulación nocturna.
El candidato presidencial, Luis Fernando Camacho (derecha), se sumó a los requerimientos: “Apoyamos y pedimos #CuarentenaTotal”, escribió en su cuenta de Twitter tras revelar una carta enviada a la presidenta interina, Jeanine Áñez, en la que propone un plan de emergencia con medidas sanitarias, de alivio económico y de manejo de la crisis.
El expresidente conservador Jorge Quiroga, y exaliado de la mandataria transitoria, también se pronunció a favor de medidas más drásticas: “hemos venido hace varios días pidiendo, una y otra vez al gobierno que decrete cuarentena nacional bajo estado de excepción para obligar a la gente a quedarse en sus casas y aislar a los bolivianos” de la pandemia.
"No descartamos tomar medidas de mayor impacto" había adelantado el ministro de Salud, Aníbal Cruz, que este sábado se reunirá con el gabinete.
La posibilidad de tal iniciativa generó el pánico de la ciudadanía que abarrotó mercados zonales y supermercados para abastecerse de productos básicos.
“Si se declarara cuarentena total, también se van a garantizar los horarios de abastecimiento. La cuarentena no supone desabastecimiento” dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, en un intento de tranquilizar a la población.
Desde este sábado rige en el país andino el cierre de fronteras terrestres y aéreas y quedó suspendido el transporte terrestre, fluvial y lacustre internacional, interdepartamental e interprovincial. Estas medidas se extenderán hasta fines de marzo.
Ante un eventual confinamiento domiciliario, instituciones de derechos humanos exigieron medidas para garantizar la alimentación y la provisión de servicios básicos a la población más vulnerable.
“Corresponde tomar en cuenta subsidios en especie a favor de los sectores de la población que subsisten del comercio informal como un refuerzo asistencial que permita a la ciudadanía en situaciones económicas desfavorables contar con el alimento necesario” sugirió la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
También demandó mayor información sobre la pandemia para el área rural, donde habita el 30% de la población boliviana, con material informativo en idiomas nativos para que el segmento campesino conozca las medidas que debe asumir para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.
