Únete al canal de GestiónLa Corte Suprema de Justicia de Colombia anuló una de las principales fuentes de ingresos en el proyecto de ley tributario de 2022 del presidente Gustavo Petro, lo que deja al Gobierno con un vacío en sus finanzas.
La reforma fiscal aprobada por el Congreso el año pasado impidió que los productores de petróleo y carbón dedujeran los pagos de regalías de su obligación tributaria corporativa.
La corte dijo en un comunicado que este artículo iba en contra de la Constitución al violar los principios de equidad tributaria y aumentar la carga de una manera confiscatoria.
Se esperaba que esto recaudara un promedio de 3.2 billones de pesos (US$ 780 millones) por año durante la próxima década, lo que equivale a entre 0.2% y 0.3% del producto bruto interno (PBI), según una estimación de Barclays Capital Inc.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”, según una publicación en su cuenta de X.
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La ley implementó un impuesto para las empresas que pagan regalías en dinero —principalmente compañías de carbón— más alto que para aquellas que lo hacen en especie, como es habitual para los productores de crudo.
La Asociación Colombiana de Minería había dicho que no poder deducir regalías “pone en riesgo la viabilidad” de muchos proyectos. En un comunicado de agosto, el organismo afirmó que solo con la medida, en promedio, una operación de carbón tendría que pagar más del 140% de sus ganancias en impuestos, frente al 88% actual.
Golpe bajo fiscal
La decisión de la corte deja a la nación sin una gran porción de los 20 billones de pesos en ingresos anuales que pretendía recaudar con la reforma tributaria.
“El cumplimiento de la regla fiscal ya está en riesgo”, dijo Oliver Pardo, titular del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, de Bogotá. Agregó que esto simplemente aumenta la tensión y que no cree que la regla fiscal se cumpla el próximo año.
La nación andina apunta a un déficit fiscal del Gobierno central de un 4.3% del PBI para este año, con un pequeño aumento el próximo año a un 4.5% del PBI.
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