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Brasil llegó este lunes a casi 51,000 muertos por coronavirus y 1.1 millones de enfermos, en medio de una crisis sanitaria que convive con las serias turbulencias políticas desatadas en torno al Gobierno de Jair Bolsonaro.
Según una base de datos elaborada por un consorcio de un medio de comunicación que se apoya en estadísticas de Gobiernos regionales, el país llegó este lunes a un total de 50,737 fallecimientos, tiene casi 1′100,000 de casos y se ratifica como uno de los grandes focos mundiales de la pandemia.
El Gobierno de Bolsonaro, más preocupado con una crisis política vinculada a asuntos de corrupción que tramitan en tribunales, parece distanciado de la situación sanitaria, cuya resolución ha dejado en manos de las Administraciones regionales y municipales, responsables de las medidas de aislamiento social que el mandatario censura.
Pero las controversias sobre la gestión del Gobierno de Bolsonaro frente al coronavirus, que parece ignorar al punto de que ha tildado a la enfermedad de “gripecita”, tienen reflejos también en el ámbito regional y municipal, en los que no son pocas las discordias.
Una de las mayores está instalada en el estado de Río de Janeiro, uno de los más afectados por el patógeno y donde este lunes dimitió el secretario de Salud del Gobierno regional, Fernando Ferry.
Estuvo en el cargo apenas un mes, tras sustituir a Edmar Santos, despedido por presuntos desvíos de recursos destinados a adquirir materiales y montar hospitales de campaña para enfermos del COVID-19.
Ferry anunció su salida en un video difundido por internet en el cual confesó que no soportó la “presión” y pidió disculpas. “Quiero decir que intenté”, declaró.
Con esos problemas políticos y la pandemia en pleno ascenso, las autoridades de Río de Janeiro se debaten entre mantener la apertura económica que iniciaron hace unas semanas o retomar las cuarentenas que interrumpieron presionadas por el sector privado, como ocurre en Sao Paulo, otro de los focos del COVID-19 en Brasil.
Crisis política se enreda en engranaje judicial
En paralelo a la crisis sanitaria, Bolsonaro está frente a unas turbulencias políticas que tienen en el ojo del huracán a su hijo Flavio, senador salpicado por asuntos de corrupción que llevaron a prisión a uno de sus exasesores.
Fabricio Queiroz, antiguo jefe de gabinete de Flavio cuando este era diputado regional en Río de Janeiro, fue preso la semana pasada después de estar un año en paradero desconocido, con la supuesta intención de evitar ser intimado a declarar ante la Justicia.
La paradoja es que fue detenido en una casa de campo del abogado Frederick Wassef, quien representaba ante los tribunales a Flavio y hasta actuaba en algunos casos en defensa del propio mandatario.
Tanto Flavio como su padre se desmarcaron del abogado, al punto de que, este domingo, el senador anunció que Wassef ya no era su abogado y que será representado ahora por Rodrigo Roca, cuyo bufete actuó en defensa de militares acusados de torturas en la última dictadura (1964-1985).
La primera tarea de los abogados será intentar postergar el proceso, que se refiere a cuando Flavio era diputado regional y tramita en la Justicia de Río de Janeiro, con la excusa de que ahora es senador y responde, por sus fueros, en la esfera federal.
Un eventual cambio de jurisdicción demoraría el proceso y daría tiempo al presidente Bolsonaro para tomar aún más distancia de ese caso y para buscar apoyos en el Congreso tanto para su Gobierno como para su hijo, que podría valerse del Senado para blindarse ante la Justicia federal.
Las presiones contra Flavio se suman a las que ya enfrenta en tribunales el propio presidente Bolsonaro, investigado por supuestas interferencias ilegales en la Policía Federal, y a otras causas que indirectamente afectan al Gobierno, vinculadas a manifestaciones consideradas “antidemocráticas” convocadas por sus partidarios.
Esas protestas, realizadas cada domingo y en las que se demandaba una “intervención militar” y el “cierre” de la Corte Suprema y el Parlamento, han perdido fuerza en las últimas semanas, al punto de que la víspera pasaron casi inadvertidas, igual que las de otros movimientos que se declaran “democráticos” y “antifascistas”.
