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El Gobierno de Colombia propone redirigir las contribuciones a pensión de millones de trabajadores al sistema público en lugar de a los administradores privados, al tiempo que establece un fondo destinado a neutralizar el impacto que esto tendría en el mercado local de bonos.
Según la reforma, las contribuciones de los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos (alrededor de US$ 730) al mes se abonarán automáticamente al sistema público. Los trabajadores aún podrían cotizar a fondos privados con aportes que excedan ese monto, según un comunicado del Ministerio del Trabajo.
El gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro está buscando reformar el estado de las prestaciones sociales en Colombia este año con un ambicioso conjunto de proyectos de ley cuyo destino probablemente determinará el futuro de su Administración de siete meses.
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Si Petro logra que se aprueben los proyectos de ley, fortalecerá su coalición y la posición de sus aliados de cara a las elecciones locales de octubre. Las derrotas, por otro lado, podrían debilitar su Gobierno y dificultarle el logro de sus objetivos de transformar el modelo económico conservador de la nación.
La coalición gobernante de Petro se ha visto sacudida por rebeliones en torno a su proyecto de ley de Salud, que actualmente está siendo discutido por los legisladores. El jueves enviará al Congreso el proyecto de ley de pensiones, así como un proyecto de ley de reforma del mercado laboral destinado a aumentar los derechos de los trabajadores.
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Algunos inversionistas se han preocupado por el impacto que el proyecto de ley de Petro podría tener en los mercados de activos locales, donde los fondos privados poseen alrededor de una cuarta parte de los US$ 96,000 millones en bonos del Estado en pesos, o TES. La reforma establecería un “fondo de ahorro” que “evitaría cualquier impacto en los mercados de activos”, y que adquiriría TES, dijo el Ministerio del Trabajo, sin dar más detalles.
Los fondos de pensiones privados de Colombia continuarán administrando los activos que tienen bajo su Administración —actualmente más de US$ 70,000 millones— y estos activos no serán tocados por el Gobierno, según el proyecto de ley.
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La reforma también daría un pago mensual de alrededor de US$ 47 a 2.5 millones de personas mayores de 65 años que viven en la pobreza.
Es probable que el proyecto enfrente cambios durante su paso por el Congreso.
