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China ratificó dos convenciones internacionales contra el trabajo forzado, pese a que ha sido acusada de infligir este trato a poblaciones musulmanas en la región de Xinjiang.
La ratificación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) era una de las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para ratificar un acuerdo bilateral sobre inversiones, firmado en el 2020 con China.
El comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Parlamento chino) ratificó la convención de 1930 sobre el trabajo forzado y la de 1957 sobre la abolición de este tipo de trabajo, anunció la institución al término de una sesión de tres días.
Esta ratificación tiene lugar después que un comité de expertos de la OIT manifestara en febrero su “profunda preocupación” por el trato a las minorías étnicas y religiosas en China, especialmente en Xinjiang.
Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, al menos un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas están o han sido encarcelados en campos en esta región.
Pekín afirma que estos lugares son centros de formación profesional orientados a reducir el extremismo religioso y combatir a los separatistas.
Los expertos de la OIT exigieron a Pekín que “reoriente el mandato de estos centros profesionales de reeducación”, afirmando que actualmente son “centros de reeducación política, basados en detenciones administrativas”.
Este tema preocupa a la comunidad internacional y Estados Unidos aprobó en diciembre del 2021 una ley para prohibir la compra de mercancías cuyo origen fuera la explotación de los uigures, en sintonía con las acusaciones de Washington contra Pekín de llevar a cabo un “genocidio” contra esta población.
Pekín rechaza estas acusaciones, que sin embargo obligaron a varias multinacionales a comprometerse a no usar proveedores de Xinjiang.
El año pasado esto implicó un boicot en China de la marca sueca H&M que se comprometió no comprar algodón de esta región china.
Sanciones mutuas
Esta polémica llevó a los europeos a incluir el tema del trabajo forzado en los acuerdos para la protección de inversiones forjados con Pekín el 31 de diciembre del 2020.
Este texto que busca proteger las inversiones europeas en China, compromete a Pekín a “trabajar para ratificar las convenciones fundamentales de la OIT incluyendo aquellas sobre el trabajo forzado”, indicó entonces Bruselas.
La ratificación del acuerdo quedó estancada después de que el año pasado Pekín y los europeos se enfrascaran en una pugna por la cuestión de la situación de Xinjiang, intercambiando sanciones.
La ratificación de la convención de la OIT se produce antes del viaje, previsto para mayo, de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Bachelet pide a Pekín desde hace años un acceso “sin trabas” a la región de Xinjiang, que es parte de su itinerario por China.