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El asesinato de una sargento de la Policía durante un operativo contra la delincuencia en un pueblo de Chile fue el último ejemplo del incremento de los crímenes violentos que sufre el que se consideraba uno de los paraísos de seguridad en América Latina.
La delincuencia armada, los sicariatos, las extorsiones y el tráfico de personas son la principal preocupación de los chilenos, según encuestas, y han presionado al Gobierno y al Congreso a tratar una batería de leyes contra el crimen, entre ellas una considerada por organismos internacionales de “gatillo fácil” para efectivos policiales.
Desde las filas de la oposición de derecha defienden la mano dura.
“Hemos tenido una importación de delitos que en Chile no estábamos acostumbrados. Eso acompañado de un Gobierno en que nunca fue su prioridad la seguridad”, declaró el diputado opositor Andrés Longton, de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
La sargento Rita Olivares, de 43 años y madre de dos niños, fue acribillada apenas bajó del carro policial para atender una denuncia por robo en Quilpué, un pueblo a 120 km al oeste de Santiago.
Su muerte terminó por colmar la paciencia de los chilenos que en los últimos años viven un deterioro de la seguridad e incremento de todos los delitos, especialmente los más violentos.
Crónica roja al alza
En 2022 los homicidios crecieron 33.4% respecto con el año anterior, según datos de la subsecretaría de Prevención del Delito.
Esta cifra significa la segunda mayor variación en América Latina, apenas detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80%.
Los robos con violencia e intimidación subieron 63.1% en 2022 y los de automóviles 39.8%.
El presidente chileno, Gabriel Boric, acusado por sus detractores de haber alentado un discurso de izquierda contra la Policía durante las vastas protestas sociales de 2019, ha dado un giro para apoyar las acciones contra el crimen.
Incluso aseguró que concurriría él mismo a procedimientos policiales.
“Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora, que es la gran mayoría”, afirmó el mandatario, tras prometer aplicar toda la fuerza de la ley para los asesinos de Olivares.
El combate de la delincuencia no era una prioridad en el programa de Boric, centrado en aumentar los derechos sociales. Pero con los crímenes como principal preocupación de los chilenos, “hay una necesidad muy fuerte de que políticamente el gobierno aparezca preocupado del orden público”, señaló a la AFP María Cossette Godoy, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
“Gatillo fácil”
Los diputados aprobaron en tiempo récord y con amplías mayorías las seis primeras leyes antidelincuencia -la mayor parte de ellas llevan nombres de víctimas-. A través de ellas, buscan garantizar la legítima defensa de los policías así como tipificar crímenes no contemplados en el país, como la extorsión o el sicariato.
Ahora, el Senado debe analizar esas normativas y las obsrvaciones del gobierno a la controvertida ley “Naín-Retamal”, que establece “la legítima defensa privilegiada” de los policías para dejarlos “exentos de responsabilidad criminal” cuando actúen en defensa propia, de terceros o por impedir un delito.
“La propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”, criticó el jefe de ONU para los derechos humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Para Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional (AI) en Chile, esta ley “implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”.
La Policía chilena enfrentó fuertes cuestionamientos en su gestiónr durante las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019 por una serie amplia de reclamos, las cuales se saldaron con una treintena de muertos y miles de heridos.
“Esta pretensión de darle inmunidad frente al uso de la fuerza es altamente peligroso, y puede provocar situaciones de gatillo fácil, del uso de la fuerza cuando no esté justificado”, advierte a la AFP el abogado chileno y experto en seguridad Francisco Cox, quien investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México) por designación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Pero modificar la legislación se hace urgente, ya que los nuevos delitos y las bandas de crimen organizado han florecido en Chile al amparo de una normativa deficiente.
“Hay varios factores que explican el actual aumento de delito: Se aprecia una desconexión general del sistema de justicia penal con la realidad criminal actual y problemas tanto en la persecución del delito, con un debilitamiento sostenido de la autoridad, como en el juzgamiento e imposición de penas idóneas y reales”, explicó a la AFP Tatiana Vargas, profesora de derecho penal de la Universidad de Los Andes.
Fuente: AFP
