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WILFREDO HUANACHÍN OSORIOwhuanachin@diariogestion.com.pe
La exploradora minera Bear Creek Mining anunció la obtención de un fallo favorable respecto al caso civil relacionado al proyecto de plata Santa Ana (Puno), a través del cual un juez desestimó los argumentos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para anular las concesiones del proyecto.
La empresa señala que la actual decisión del juzgado "es vital para la posición de la empresa". Andrew Swarthout, y Elsiario Antúnez de Mayolo, director ejecutivo y gerente general de Bear Creek, respectivamente, manifestaron a Gestión que, ante esta resolución en el Juzgado Civil de Lima, el MEM apelará este fallo y a partir de abril o mayo próximo el litigio se estaría viendo en la Corte Superior.
Acción de amparoParalelo al litigio por el caso civil, los ejecutivos de Bear Creek informaron que para el primer semestre del 2013 se llevará a cabo la audiencia para presentar los alegatos de la empresa, correspondientes a la acción de amparo presentada por la empresa, el cual exige la defensa de sus derechos para operar Santa Ana.No obstante, Swarthout y Antúnez de Mayolo precisaron que, de prolongarse este litigio en otras instancias judiciales, se corre el riesgo de que las relaciones comerciales entre Perú y Canadá resulten afectadas.Ello porque los tratados comerciales dan un plazo de 36 meses para resolver conflictos judiciales a nivel nacional. Este plazo según la empresa estaría venciendo entre fines de este año o comienzos del 2014.Pasado este plazo y de no hallarse solución, la minera iría a arbitraje internacional exigiendo al Estado peruano una indemnización de US$ 25 millones por daños y perjuicios.
PARA RECORDARAcciones. La cancelación del permiso de operaciones mineras de Bear Creek en Santa Ana fue el resultado de un decreto supremo emitido en el 2011 por el gobierno aprista, empujado por la presión de las comunidades aimaras en Puno que pedían la intangibilidad de algunos terrenos y la salida de proyectos petroleros e hidroeléctricos. Bear Creek presentó un recurso de amparo, sustentándose en un anterior decreto otorgado en el 2007 que reconocía sus derechos para operar Santa Ana.
