Como parte de la denominada “reforma política” el Poder Ejecutivo se ha propuesto modificar la inmunidad parlamentaria, esto es, la protección constitucional de la que gozan los congresistas - también alcanza a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo - que impide que puedan ser juzgados o privados de su libertad por la comisión de delitos comunes, sin la autorización del Congreso de la República o del Pleno del Tribunal Constitucional tratándose de los magistrados de esta institución.
Según Roberto Pereira Chumbe, socio de Benites, Vargas & Ugaz Abogados, el Poder Ejecutivo plantea que la autorización ya no la haga el Congreso sino la Corte Suprema. La reacción del Congreso ante este planteamiento y sobre todo ante el anuncio del Presidente de someterlo a referéndum, fue eliminar la inmunidad parlamentaria, alterando además el sistema de protección funcional del Presidente de la República y de los ministros de Estado.
Ambas posturas, sin embargo, no logran afrontar solventemente las dos cuestiones esenciales involucradas en la discusión: la necesidad de impedir que los congresistas eludan injustificadamente la acción de la justicia por la comisión de delitos comunes; y a la vez eliminar o minimizar la posibilidad de que la justicia penal sea utilizada con motivaciones políticas para afectar la buena marcha del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
¿Existe alguna alternativa a las posturas planteadas por el Ejecutivo y el Congreso de la República? En esta entrega se plantean algunas ideas al respecto.
