Estallido social en Chile: la jubilación truncada de los pensionistas

Carmen Aránguiz tiene 71 años y está buscando trabajo. Aunque se jubiló en 2010, su pensión es tan baja que sigue alternando labores esporádicas para aumentar sus ingresos. Como ella, miles de pensionados chilenos viven una vejez lejos de la soñada, fruto de un sistema previsional muy criticado.

El mes pasado, la pensión promedia pagada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las pensiones de los chilenos, fue de US$ 221 para las mujeres y de US$ 384 para los hombres.

“Tengo que abonar cada mes el agua, la luz, el gas, la alimentación, el combustible... Y lo que cobro no alcanza para todo esto”, dijo a Efe Aránguiz, que percibe unos US$ 258 mensuales.

Tras más de 20 años cotizando como asistente y docente de un centro educativo de Peñalolén, municipio periférico de Santiago, esta activa anciana ya lleva casi una década alternando trabajos de cuidado de niños en sus supuestos "años dorados".

Con las protestas que han copado las calles de la capital chilena desde el pasado 18 de octubre, Aránguiz perdió parte de sus ingresos y ahora espera que en marzo, con el inicio de un nuevo curso en el país, le vuelva a sonar el teléfono.

El estallido social en Chile, en el marco de la crisis más importante desde el retorno a la democracia en 1990, ha hecho de la reforma del sistema de pensiones una de sus máximas reivindicaciones, que ya llevaba años siendo motivo de debate.

Un modelo cuestionado

Cualquier trabajador en Chile está obligado a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo de pensiones personal, de ahorro individual, del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por una de las siete AFP.

Dichas empresas privadas invierten en el mercado de capitales para rentabilizar sus fondos, con los que obtienen unos beneficios millonarios: entre enero y septiembre de este año, sus utilidades sumaron US$ 511 millones.

La participación del Estado en este modelo es a través del llamado Pilar Solidario, un aporte complementario para las personas que no han podido acceder a una pensión y las que reciben jubilaciones más baja

Aun así, 8 de cada 10 nuevos pensionados en Chile ni siquiera logra autofinanciarse una pensión superior a la línea de la pobreza, según un informe de la Fundación Sol.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, aseguró a Efe que "el foco sobre las empresas administradoras de pensiones ha estado equivocado, tiene que estar en mejorar las pensiones".

Según Larraín, para aumentar las retribuciones "hay que elevar las tasas de ahorro, subir la edad de jubilación y el número de trabajadores que cotizan".

Ante el debate sobre una posible distribución de los beneficios de las AFP entre los cotizantes, subrayó que “no solucionaría el problema” porque “solo subirían unos US$ 12 mensuales por persona”.

"Seamos claros y responsables: el eslógan que debiera motivarnos es 'Mejores pensiones' y no 'No+AFP'", aseveró el directivo, que apuntó que "el Ejecutivo no quiso hacer cambios cuando era oportuno" y que "todavía queda mucho margen de maniobra".

El pasado 4 de diciembre, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que supondrá un aumento gradual de los aportes estatales a las pensiones más bajas en hasta un 50 %, que beneficiará a cerca de 1.600,000 jubilados.

Para el economista de la Fundación Sol Marco Kremerman, la reforma es "absolutamente insuficiente" ya que "solo es un parche que da un respiro a los pensionados no contributivos".

El experto afirmó que el sistema de cuentas individuales “ha fracasado” porque “no ha garantizado unas pensiones dignas para los chilenos”, por lo que abogó por un sistema de reparto total, de seguridad social, y no de cuentas individuales.