El factor clave en espera que impide impulsar proyectos de vivienda social

Sin embargo, recientemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dio a conocer que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una transferencia de S/ 376.1 millones para continuar con el otorgamiento de subsidios habitacionales: S/ 300 millones para BFH y S/ 76.1 millones para BBP.

Aunque todavía la cartera de Vivienda está a la espera, la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, comentó a Gestión que esperan que en los próximos días finalmente se pueda publicar el dispositivo que permita dicha transferencia.

“Ya hubo como una conversación de alto nivel entre el ministro de Vivienda Geiner Alvarado y el ministro de Economía, Pedro Francke. Esperamos que se pueda publicar los más pronto. Para poder sacar un Decreto Supremo hay que seguir ciertos pasos, nosotros ya presentamos todos los documentos, y por eso ya hemos podido presentar un comunicado para dar tranquilidad al sector inmobiliario, al sector financiero, y que de esta manera podamos atender y podamos impulsar en el 2021 los programas de vivienda”, remarcó Añaños.

La viceministra recordó que en la modalidad de Construcción en Sitio Propio - Techo Propio se alcanzaron todas las convocatorias al inicio de año, y hacia agosto ya estaba en ejecución; y en el caso de Adquisición de Vivienda Nueva - Techo Propio- aún habían recursos que estaban asegurados que continúan siendo desembolsados. Para el caso del crédito MiVivienda el presupuesto para el BBP estuvo vigente durante una parte de agosto.

Mediante el nuevo Credito MiVivienda, a la fecha se han desembolsado 6,949 créditos a nivel nacional. Los recursos que se recibirán por S/ 76.1 millones permitirán atender a 5,097 familias más.

De cara al 2022

Si bien parece que estaría por solucionarse la falta de recursos para los bonos habitaciones para el resto del año, ¿qué sucederá el próximo año? Según el proyecto del presupuesto público para el 2022, se ha solicitado S/ 539.3 millones para el BFH y S/ 75 millones para el BBP, montos menores que los asignados para este año (y que se agotaron antes de lo previsto, como se explicó líneas atrás).

La viceministra comentó que frente a este escenario se encuentran analizando otras opciones, por ejemplo, como la revisión de saldos de partidas restringidas, para que puedan redistribuirse en busca de incrementar el presupuesto de colocación de bonos para el próximo año. “Estamos comprometidos para promover el acceso de vivienda y por eso estaremos atrás insistiendo para el incremento de recursos”, subrayó. Además, están revisando con la dirección de presupuesto del MEF qué otras acciones adicionales se pueden tomar.

Incluso mencionó que se podría llevar al Congreso -previa coordinación del MVCS y el MEF- para que esta propuesta se considere dentro del debate del presupuesto público 2022 (es que para redireccionar partidas restringidas requiere una ley).

Los S/ 75 millones, tal como se ha solicitado en el presupuesto para el 2022, permite atender a unas 5,000 familias. Lo que implica que se requerirán mayores transferencias, similar como lo sucedido este año, para no perder el ritmo.

Cabe recordar que la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señaló que “cuando los desarrolladores inmobiliarios ven que no hay suficientes subsidios para el 2022, ya tienen dudas de invertir en nuevos proyectos, lo que limita la oferta de vivienda” (Gestión 08.09.2021).

LEA TAMBIÉN: Capeco advierte riesgo en recursos para subsidios de vivienda en 2022

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

El 25 de julio, el MVCS publicó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que -entre otros- busca impulsar la construcción de más vivienda social. El texto, en sus disposiciones complementarias finales, señala que “el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a 60 días calendario, aprueba los Reglamentos necesarios para la implementación de la Ley”. Dicho plazo está próximo a vencerse en ocho días.

Sin embargo, la viceministra adelantó que no se cumpliría dicho plazo porque se trata de una ley extensa, que conlleva tres reglamentos -uno de sanciones-.

“Ya tenemos un borrador de la parte de planificación urbana. Hemos abierto unas mesas de trabajo. Estamos invitando al sector privado, al colegio de arquitectos, muchos de los actores que estuvieron en la construcción de la ley. Es en el reglamento donde se puede poner los candados, dar predictibilidad. Le hemos dicho a los gremios que tengan seguridad de que van a participar en el reglamento. Si bien la ley nos da un plazo de 60 días, estamos viendo que en octubre tendríamos que tener los reglamentos”, indicó.

Al respecto, Antonio Navarro, experto en gestión urbanística, dijo a Gestión, que la ley aprobada marca un antes y un después dentro del urbanismo peruano y coloca al país en una clara alineación con el urbanismo mundial. Sin embargo, ”como está redactada se basa más en unos anhelos y metas muy altas, que en una realidad práctica de poder realizarla”.

“Dada su rapidez a la hora de elaborarla y aprobarla, ha tenido un grado importante de premura. Eso que no es malo del todo hace que a la hora de definir los reglamentos, de complementarlos, desarrollar esos espacios, y sobre todo de establecer las pautas de gestión adecuadas, tengan que ser unos documentos bastantes sólidos y desgraciadamente coincido que ese plazo de 60 días es muy escaso, porque los reglamentos tienen mucha “tela que cortar” y muchas cosas que definir”, remarcó.

Navarro destacó que la planificación de ciudades ya quiera estar por encima de la estructura de la propiedad, sin afectar sus derechos, es decir, “la planificación es más importante que la capacidad de ser propietario de un predio”. También hay tres metas muy importantes en el texto: la gran apuesta por la vivienda social, la recuperación de inversión pública en la ciudad; y el impulso para que las municipalidades provinciales y metropolitanas desarrollen sus planes de desarrollo urbano sostenible.

Pero, cuestionó -por ejemplo- que próximos a la elaboración de los reglamentos haya una escasa definición de la gestión urbanística. Además, se mostró en desacuerdo con el método de evaluación que se plantea para determinar el incremento del valor del suelo; como se recuerda, en la ley aprobada se menciona en un artículo que las municipalidades podrán participar en el incremento del valor del suelo.

También señaló que uno de los artículos vinculados a instrumentos de reajuste predial podría ocasionar problemas legales. ¿A qué se refiere? La ley habla de intervenir sobre diferentes predios en conjunto mediante mecanismos asociativos entre los propietarios, estableciendo una nueva composición en la configuración y distribución de lotes prediales y respetando el suelo necesario para las vías, equipamiento, espacios públicos y las demás que establezcan los Planes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano correspondientes.

Y, se detalla que se podrá realizar dicho reajuste “previo acuerdo de los propietarios involucrados en el proyecto, bastando la aprobación de los propietarios que representen, por lo menos, el 60% de la superficie total involucrada en el reajuste de suelos”. No obstante, recalca Navarro, no se indica qué pasará con el 40% que no esté de acuerdo. “No he visto cómo se va a desarrollar o cómo se va a estructurar la negativa de ese 40% y eso podría generar grandes problemas legales”, mencionó.

En resumen, “vemos bastantes claroscuros, tenemos algunas observaciones no estructurales, pero sí importantes para la gestión”, finalizó Navarro.