Foto: GEC
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Contraloría detectó que el incumplimiento de plazos para la entrega de terrenos al concesionario establecidos en el contrato de concesión de la Red Vial N° 4, que recorre el tramo Pativilca (Lima) – Santa (Áncash) – Trujillo y Salaverry (ambos en La Libertad), permitió la activación del incremento tarifario de peajes que asumen los usuarios.

Por este concepto se ha pagado, a junio del 2022, la suma de S/ 30.6 millones pese a no contarse con toda la infraestructura operativa establecida en el contrato de concesión.

La auditoría fue practicada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran) y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

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Como resultado de ello, según , cuyo período de evaluación va del 1 de abril de 2006 al 24 de junio de 2022, se detectó que ProInversión aprobó la versión final del contrato de concesión de la Red Vial N° 4 con plazos sin sustento para la entrega al concesionario de las áreas de terreno para la construcción de la segunda calzada y obras de desempate, y de la calzada actual con las obras de puesta a punto.

De la revisión efectuada por los auditores de la Contraloría a los documentos del proceso, no se advirtió la emisión de informes por parte de ProInversión que desarrollen el análisis que fundamente los plazos consignados en el contrato de concesión para la entrega de los terrenos.

Pese -alerta el reporte- a que dicha entidad es la competente para diseñar dicho contrato y, por ende, debía verificar que las cláusulas cuenten con el sustento respectivo. También se advirtió que el MTC y Provías Nacional dieron su conformidad en torno a los plazos para entrega de las áreas de terrenos para la segunda calzada y obras de desempate, así como de la calzada actual con obras de puesta a punto, sin un análisis que lo sustente.

Ello generó que el MTC suscriba un contrato de concesión asumiendo obligaciones de entrega de áreas de terreno para la segunda calzada y obras de desempate; así como de la calzada actual con obras de puesta a punto, con plazos sin sustento y que coadyuvaron a que se incumpla la normativa sobre liberación de predios e interferencias.

Lo que generó un perjuicio económico contra el Estado valorizado en US$ 18.6 millones como consecuencia de un laudo arbitral que reconoció al concesionario el pago de una indemnización por daño emergente debido al incumplimiento del Estado en la entrega de terrenos.

Afectación a usuarios

Dicho incumplimiento, aunado al incumplimiento en la entrega de terrenos vinculados al Intercambio Vial Salaverry, generó que el Estado suscriba dos adendas al contrato de concesión donde se redujeron la cantidad de obras necesarias para la activación de los incrementos en la tarifa de peaje, lo cual generó una afectación a los usuarios ascendente a S/ 30.6 millones a junio del 2022, ya que vienen asumiendo ese incremento tarifario sin contar con la totalidad de la infraestructura en operación.

Asimismo, el incumplimiento de la entrega de la calzada actual con los niveles de servicios exigidos, lo cual se mantiene hasta la fecha, ha ocasionado un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 45.5 millones como consecuencia de asumir, luego de vencido el plazo para la entrega de la calzada existente, los pagos efectuados al concesionario por la elaboración de estudios, conservación de emergencia y ejecución de puentes, gastos que no hubiese incurrido si cumplía con entregar la calzada actual con las obras de puesta a punto, dentro del plazo contractual.

Esta situación también retrasa la puesta en servicio de la calzada existente con el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato de concesión, afectando la prestación del servicio a los usuarios de la infraestructura vial, alerta la Contraloría.

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Demora en Vía de Evitamiento de Chimbote

Adicionalmente, la Contraloría evidenció que con la adenda N° 2 se incorporó al contrato de concesión la obra de la Vía de Evitamiento Chimbote, cuyos terrenos no han sido entregados al concesionario en los términos y condiciones establecidos en el citado contrato, lo cual retrasó el inicio de la ejecución de dicha obra y sigue demorando la culminación de la misma, postergando el aprovechamiento oportuno de la infraestructura por parte de los usuarios.

Al respecto, el reporte señala que el pasado 20 de julio de 2021, ambas partes suscribieron un acuerdo de suspensión temporal de obligaciones y encargo de liberación de interferencia, en la que se suspendió la obligación del concedente de entregar el saldo (75%) de los predios para la Vía de Evitamiento Chimbote en el plazo establecido en el contrato de concesión.

Dicha suspensión se mantenía vigente a la fecha de corte de la presente auditoría y concluirá una vez que el concesionario haya culminado los trabajos de liberación de las interferencias de riego y bienes.

Cabe señalar que, en la referida acta se adjuntó un cronograma en el que se señala que los referidos trabajos serán culminados aproximadamente en enero del 2023.

Incumplimiento de plazos

Los auditores de la Contraloría también detectaron que Provías Nacional y el MTC incumplieron los plazos establecidos en la adenda N° 3 del contrato de concesión para la revisión y aprobación de los estudios definitivos de ingeniería (EDI) del proyecto de rehabilitación de la calzada actual de la Red Vial N° 4, retrasando así dichos trabajos de rehabilitación y, por ende, el cumplimiento de la obligación del Estado de entregar la referida calzada al concesionario con los niveles de servicio establecidos en el citado contrato.

El plazo para la revisión y aprobación de los mencionados estudios venció el 21 de julio de 2018 y a la fecha se encuentra pendiente la aprobación total (incluyendo gastos generales y costo directo) de los EDI de los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y de ocho puentes del Tramo 6.

Según cálculos de la comisión auditora, los costos identificados hasta la fecha en los que incurrirá el concedente por la ejecución del proyecto rehabilitación de la calzada actual – tramo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Red Vial N° 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Salaverry – Empalme R01N, cuyos EDI están pendientes de aprobación, totalizan S/ 95.6 millones, el cual comprende un perjuicio económico potencial al Estado.

Responsabilidades

La auditoría de la Contraloría determinó presunta responsabilidad civil y administrativa (tanto a nivel de entidad como del Proceso Administrativo Sancionador – PAS de la Contraloría) en 15 funcionarios, exfuncionarios, servidores públicos y exservidores públicos de Provías Nacional.

Por ello, se recomendó al órgano instructor de la Contraloría a realizar el procesamiento de dichos funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a su competencia.

También se recomendó al Director Ejecutivo de Provías Nacional realizar las acciones pertinentes para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de todos los involucrados. Mientras que a la Procuraduría Pública se recomendó iniciar las acciones civiles contra los exfuncionarios y exservidores públicos involucrados en los hechos.

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