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No da tregua. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no dará marcha atrás en su decisión de insistir con las restricciones a la figura del servicio de tercerización laboral en Perú a las que deberán adecuarse las empresas hasta el 22 de agosto próximo.
Incluso si el Congreso de la República lograra derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR, que modifica el reglamento sobre el servicio de tercerización a través de la Comisión Permanente, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Lira, anunció que recurriría al Tribunal Constitucional. Advirtió, además, a los jueces y a los miembros del Comité de Barreras Burocráticas del Indecopi de llevarlos a la vía legal si otorgan medidas cautelares “indebidamente” a las empresas que lo soliciten.
Pese a ello, son más de 50 empresas las que, a la fecha, han obtenido medidas cautelares. Así, en el mediano plazo, esquivarán la obligatoriedad de adecuarse al decreto supremo que prohíbe el uso de la tercerización en actividades consideradas parte del “núcleo del negocio”. Sin embargo, cientos de empresas, incluyendo las que prestan el servicio de tercerización, aún mantienen la incertidumbre. De acuerdo a datos oficiales, son más de 240,000 trabajadores tercerizados en el país.
Muchos confiaron en que el Congreso de la República pondría en agenda oportunamente el dictamen aprobado para derogar el decreto supremo del MTPE, lo que no ha sucedido. Contra el tiempo, dice Cecilia Guzmán-Barrón, socia del área laboral en DLA Piper Perú, están optando por otras alternativas.
Pero, ¿qué pasó en el Congreso? En la noche del 13 de julio, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, logró que la Mesa Directiva incluyera en la agenda del Pleno el debate sobre el dictamen de ley que propone derogar los cambios a la tercerización laboral. Sin embargo, durante la sesión, las bancadas de Juntos por el Perú, Perú Libre y algunos parlamentarios de Alianza para el Progreso se opusieron a la votación.
En diálogo con Gestión.pe, Monteza contó que se había acordado con los parlamentarios elaborar un texto sustitutorio durante el jueves 14 de julio; no obstante, no se concretó. “No quieren que se tome ese dictamen. Ellos quieren que se deje el tema para la siguiente legislatura porque no alcanzaba el tiempo para analizarlo. Es más probable que la Comisión Permanente, que tiene la facultad, pueda revisarlo”, dijo.
Alternativas
La abogada Guzmán-Barrón indica que si el Congreso logra derogar la norma, el Poder Ejecutivo podría tomarse los 15 días hábiles para decidir observarla. Se tendría que esperar, además, la nueva conformación de comisiones para que se vuelva a revisar el dictamen y llevarlo al Pleno. “Bajo ese escenario evidentemente se necesitan tomar otras acciones”, agregó.
1. Determinar el núcleo del negocio: Según explicó, en el país las empresas han adquirido la costumbre de registrarse con una lista grande de actividades que quieren desarrollar, “por si algún día lo realizan”, sin embargo, muchas veces no está reflejado en la realidad, lo que las podría exponer a ser sancionadas con la nueva normativa del MTPE: prohibir el uso de la tercerización en actividades consideradas parte del núcleo del negocio.
En esa línea -agregó- las empresas deben empezar a determinar sus actividades esenciales bajo el concepto de cuáles son las actividades que las distinguen como empresa, ya sea frente a sus clientes/consumidores o competidores. Para ello, será necesario realizar los cambios respectivos ante Registros Públicos, lo que podría tomar cerca de tres semanas. “Deben hacer los cambios ya”, sostuvo.
2. Ajustar adendas: La abogada, que ha estado revisando decenas de casos en los últimos días a raíz del poco tiempo para que las empresas se adecuen a la normativa del MTPE, indicó además que los cambios están enfocados es la tercerización de desplazamiento continuo, es decir, cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora realizan su labor en el centro de trabajo u operaciones de la empresa principal y la duración del desplazamiento es de más de un tercio de los días laborables pactados en el contrato.
En esa línea, indicó, muchas empresas solo suelen ampliar la vigencia de esos contratos cuando en la práctica podrían ajustarlo a las necesidades actuales a través de una adenda. Es decir, “redirigir el ámbito de la tercerización”. Esta alternativa también toma su tiempo, pues implica medidas de carácter societario, incluso tributario y laboral.
3. Apelar a la ampliación del plazo: Aunque esta es una ruta que depende del MTPE, la especialista indicó no descartarlo, sobre todo en un escenario en el que no ha habido, por parte del Poder Ejecutivo, ninguna acción para la orientación de las empresas. “Se ha dictado la norma pero no se han realizado capacitaciones a los empresarios. ¿Cuáles son los lineamientos que seguirá la Sunafil para fiscalizar?”, indicó. Según afirmó, no se ha aprobado un protocolo que justamente ayude a las empresas a salir del oscurantismo.
“Lamentablemente no todas las empresas podrán aplicar alguna de estas alternativas porque debe analizarse caso por caso, es muy gaseoso lo que se propone. Por ello, el camino paralelo es el judicial, aunque obtener sentencias firmes podría tomar hasta cuatro años”, remarcó.
Dato
- La Comisión de Trabajo del Congreso de la República tiene pendiente, también, la votación en el Pleno del Congreso de un dictamen que recomienda la no aprobación de los proyectos de ley N° 1522 y N° 1726 que proponían derogar el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR y modificar la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización.
- Se debe añadir que el anteproyecto de ley del Ejecutivo sobre un nuevo Código de Trabajo, incluye más cambios a la figura de la tercerización laboral.