En los primeros días del año, se presentó en el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo continuar con las regulaciones sobre la , ¿qué se plantea en esta ocasión?

De acuerdo con el Proyecto de Ley N.o 6752/2023-CR, si la empresa que contrató el servicio no proporciona los derechos y beneficios laborales correspondientes, la empresa que contrató el servicio debe subsanar los incumplimientos de la otra parte.

Según precisa un análisis de la , esto implicará que la empresa que contrató el servicio se hará cargo de esta situación en caso de que no se paguen los salarios, la compensación por tiempo de servicios o las gratificaciones, entre otros conceptos.

“En principio, esto aparenta ser una medida a favor de los trabajadores, cuyos derechos y beneficios deben ser respetados, pero se omite un factor fundamental: son dos empresas diferentes, por lo que los errores e incumplimientos de una no deben ser trasladados a la otra”, indican.

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ComexPerú sostiene que el problema con las regulaciones que dificultan la tercerización laboral es que los autores no son conscientes de que cada empresa es independiente y solo están vinculados al realizar la obra o servicio. Como se recuerda, la tercerización ha sido cuestionada constantemente por la supuesta “discriminación” en los salarios y beneficios entre los de cualificaciones similares de la empresa que contrata el servicio y la que lo realiza.

“El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto al indicar que ello es falso. En principio, cada empresa determina el salario y beneficios que otorga en función de la productividad del trabajador, el tamaño de la misma empresa e, inclusive, el sector donde opera, por lo que es imposible esperar que solo por tener un perfil similar deban recibir lo mismo”, indican.

Anteriores cambios a la tercerización

Esta no es la primera vez que se plantean cambios en la tercerización laboral, pues en 2022 el Gobierno aprobó modificaciones sin consenso con el . En esa fecha limitaron dicho mecanismo al obligar a las empresas que recibían el servicio a contratar personal que se desplazaba de manera regular hacia sus instalaciones y que llevaba a cabo funciones relacionadas con la actividad principal de la empresa.

En agosto del mismo año, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) examinó las modificaciones de 2022 y determinó que la prohibición de tercerizar las actividades esenciales del negocio de las empresas era una barrera burocrática. La entidad dictó la suspensión de la restricción hasta que se decida la petición del Poder Judicial de anular la regla.

Para ComexPerú, estos cambios en el mecanismo de contratación formal afectaron su difusión durante los últimos años, pese a que esta modalidad simplifica la capacidad de las empresas para responder ante nuevos requerimientos de operación, sobre todo en los cuales no posee experiencia.

“Por ello, esta modalidad de contratación es más sensible al desempeño de la economía, porque cuando más crece y las empresas no están preparadas para atender los nuevos requerimientos, una alternativa eficiente es utilizar la . Lo contrario también es cierto, ya que, cuando la economía se contrae, se reduce la necesidad de personal adicional para apoyar las funciones de las empresas”, indican.

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El gremio señala que, aunque las modificaciones de 2022 y la actual propuesta del Congreso prometían mejorar las condiciones laborales, esto es imposible de asegurar sin la fiscalización adecuada por parte de la hacia las empresas.

“Las inspecciones realizadas hacia empresas de tercerización laboral continúan siendo insuficientes y continúan por debajo de lo registrado antes de la pandemia, con apenas 102 inspecciones durante 2022, cuando había 1,038 empresas de tercerización laboral, de acuerdo con el MTPE”, sostienen.

ComexPerú agrega que, con datos de Apoyo Consultoría y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), antes más del 80 % de las empresas formales utilizaban estos servicios, pero luego de las modificaciones se perdieron 3,708 empleos tercerizados entre junio de 2022 y 2023.

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