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La crisis laboral agraria puso en mira la fiscalización de las empresas agroexportadoras y las llamadas “services” que le proveen de trabajadores estacionales. Juan Carlos Requejo, superintendente de Sunafil, entidad encargada de fiscalizar a las empresas, señala que ya se preparan medidas para que eventos como los que se viven actualmente no vuelvan a ocurrir.
¿Cuántas empresas tienen registrados en el sector agroexportador? ¿Cuántas de estas operan de manera informal?
Tenemos registradas 4,000 empresas agroexportadoras. Sin embargo, el sector tiene un alto porcentaje de informalidad. Esto se debe a que hay empresas familiares, otras que solo se tratan de pequeñas parcelas que apoyan a empresas más grande, que son difíciles de detectar, y muchas que se encuentran casi “escondidas”.
¿Qué harán frente a ello?
A raíz de los incidentes vamos a procurar llegar a todas estas empresas con un grupo especial, el cual empieza esta semana, si es que las condiciones lo permiten.
De esas 4,000 empresas, ¿cuántas fiscalizan?
Entre el 2019 y 2020 fiscalizamos casi 1,000 empresas.
Solo un cuarto del total, ¿por qué?
Tenemos criterios de priorización y vamos a las empresas en las que haya inconsistencias transparentes entre su planilla registrada y su producción real, sean pequeñas o grandes. Sin embargo, este es un sector que necesita mucha más fiscalización.
¿Por qué se da esto? ¿Acaso no funcionan las denuncias anónimas?
Acá existe un tema, y es que recién en estos últimos dos años la Sunafil tiene realmente cobertura nacional. Se tiene que desarrollar el plan de difusión y acercamiento que nos permita estar más cerca a los trabajadores y que ellos tengan una verdadera confianza de que pueden denunciar incumplimientos laborales sin repercusiones.
¿Cómo se vincula ese plan con la agroexportación?
En ese plan, hemos abierto oficinas más pequeñas en las áreas con mayor cantidad de trabajadores agroexportadores, como Virú, Olmos y Sullana, y nos hemos comprometido a más.
Dado que hay pocas denuncias, ¿qué puede hacer Sunafil?
Lo que queda claro es que nuestro nivel de fiscalización no es suficiente. Vamos en la dirección correcta, pero es necesario incidir más. Solo fiscalizar un cuarto de las empresas no es suficiente. Tenemos que y vamos a fiscalizar todas las empresas. Igual en las demás zonas del país.
¿Por qué no se hizo antes?
Este año no se pudo por un tema de presupuesto, pero vamos a aumentar las fiscalizaciones en el 2021.
¿Se ha previsto una metodología para tratar a las “services”?
Ahí cuando se habla de las services no se habla de las mismas de las que se hablarían en otros sectores, se habla de empresas de facto, de un conductor con su combi que recoge personas y los distribuye a los fundos agrarios sin mayor vinculación.
¿Es un panorama complejo?
Lamentablemente, no podemos formalizar a personas que supuestamente están solo tomando un transporte. Sin embargo, si se encuentran trabajadores en los campos y vemos que no están en planilla se tienen que incorporar.
Pero esto ya es un control posterior. ¿No se puede hacer nada para detener a las services en un momento anterior?
Estamos construyendo una metodología para ver cómo articulan su procedimiento las services y trabajar desde ahí. Vamos a fiscalizar a estas services intensamente. y mejorar el proceso de acuerdo a lo que vayamos encontrando.
¿Qué otro método se está elaborando para que este tipo de maltratos no se repita?
Estamos viendo soluciones que nos otorga la nueva tecnología, como el uso de drones para detectar trabajadores que las empresas esconden cuando vamos a fiscalizarlas.
¿Qué otra iniciativa tienen en cartera?
Ahora vamos a utilizar un software de manera masiva que calcule el número de trabajadores que debe tener una empresa para trabajar el total de hectáreas que posee y si reporta tener menos iremos a fiscalizarlos.
¿Y hay algo que harán para los trabajadores?
Adicionalmente, estamos creando un software que le permitirá al trabajador revisar la planilla que declara su empleador y él mismo podrá ver si está formalizado o no, lo cual nos podrá reportar. Esto nos ayudará a encontrar focos de informalidad.
¿Existen otros sectores con condiciones similares de los cuales se debería estar alerta?
El sector de pesca para consumo humano es uno con alto niveles de problemas. Ahí se utilizan trabajadores tercerizados para cubrir puestos permanentes y hay trabajo por momentos, como en el sector agrario. Aquí tenemos que fiscalizar de una manera distinta y más intensamente.
Además, actualmente hay problemas de informalidad en el sector de manufactura y construcción civil, donde se contrata por rama. El sector minero también tiene estos problemas, junto con retail. Estos sectores van a ser materia de fiscalización y se intentará formalizar a todos los trabajadores que sea posible.
Propuesta normativa para evitar elusión de sanciones
Juan Carlos Requejo, superintendente de Sunafil, reveló que se busca crear una norma que evite que se eludan las sanciones impuestas por la entidad. “Muchas empresas acuden a la vía judicial para evadir multas y se puede generar una situación de impunidad”, señala Requejo. “Hay otros sectores donde no es tan fácil eludir el pago de las multas, dado que se requiere que la persona imputada otorgue una garantía antes de poder llevar el caso al Poder Judicial, por lo que solo acuden a los juzgados si realmente consideran que tienen la razón”, agrega. En ese sentido, busca que se le dé un tratamiento similar al sector agroexportador. De acuerdo a Requejo, la tasa de sanciones impuestas es de solo 3.5 de cada 10 empresas, dado que la mayoría subsana su conducta. Señala que se hace seguimiento de los casos subsanados pero que debido a la naturaleza temporal de la actividad agraria, no se puede garantizar la continuidad de los trabajadores que hayan formalizado.