:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Q55L3BM4GBGXJJ5OB3BFYXZRTE.jpg)
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) alertó que de aprobarse el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República que busca volver intangibles todas las reservas ocupadas por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) se afectará el 50% de la generación eléctrica que proviene del gas natural, lo que duplicaría el costo de las tarifas eléctricas y generaría un impacto en el abastecimiento y costo del gas natural y el GLP a los hogares peruano.
El presidente del gremio, Felipe Cantuarias, agregó que la norma afectaría todos los proyectos de masificación de gas, como el gasoducto del Sur y el Proyecto Siete Regiones, con lo que regiones como Puno, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ucayali dejarían de percibir los beneficios del uso del gas natural.
Otro impacto negativo de esta norma es que las regiones de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ucayali y Lima (exceptuando Lima Metropolitana) dejarán de percibir los ingresos de regalías, canon y sobrecanon provenientes del Proyecto Camisea los cuales en los últimos años ascendieron a más de US$ 1,000 millones.
“La suspensión de operaciones de Camisea también dejaría sin el aporte del 40% de las regalías que hoy percibe el Gobierno Nacional que van al fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en un momento donde nuestras fuerzas de seguridad cumplen un rol fundamental en la lucha contra el COVID-19”, dijo.
A ello se suma que las actividades de exploración y explotación de gas y petróleo de cinco lotes ubicados en Loreto y Cusco, incluyendo los Lotes 56 y 88 de Camisea, corren el riesgo de ser suspendidas.
Cantuarias, indicó que el proyecto de ley del Parlamento eliminaría todo el apoyo que reciben las comunidades actualmente del sector privado en educación, salud y nutrición sin brindarles una solución a sus necesidades.
“Retirar la presencia de actividades formales altamente reguladas y fiscalizadas en aspectos ambientales, sociales y de seguridad, no aumenta la protección a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. Por el contrario elimina programas y presupuestos que podrían utilizarse para la atención de sus necesidades básicas cuando lo requieran y los expone al riesgo de las actividades informales e ilegales”, dijo.
La intangibilidad absoluta que propone esta norma, incluso, impediría que numerosas comunidades nativas asentadas actualmente y desde hace más de 30 años, en las áreas propuestas, realicen actividades extractivas para proyectos de desarrollo económico y social, pudiendo solo usar los recursos del bosque y del río para su subsistencia.
Agregó que la propuesta da por sentado que los contratos de hidrocarburos tendrán que ser resueltos y por eso dispone que las empresas que resulten afectadas sean compensadas económicamente lo que resultará en pérdidas multimillonarias para el Tesoro Público y demandas al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la violación de Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones celebrados por el Perú con diversos Estados.
“Pero no solo se trata de la paralización de las actividades de hidrocarburos, sino que traería consigo un efecto económico negativo que afectará los presupuestos locales y regionales al privar al Estado de la recaudación por concepto de regalías, canon, sobrecanon e impuestos”, dijo.
La SPH considera que la mejor solución al problema que viene enfrentando las comunidades de la amazonia, es ejecutar el Plan de Cierre de Brechas Sociales que ha elaborado el Gobierno en consenso con diversos líderes de las comunidades de la amazonia, el cual permitirá complementar el apoyo que hoy brinda el sector privado a estas comunidades.
Recordó que el Gobierno ya ha aprobado un presupuesto de S/ 88 millones para un plan focalizado para atender los riesgos e impactos del COVID-19 en estas comunidades.
