El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) informó que, desde inicios de este año, está vigente el nuevo Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA). Este sistema optimiza plazos, uniformiza y otorga celeridad en todas las etapas de las evaluaciones ambientales a su cargo, con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental y aportar al desarrollo sostenible de los proyectos de inversión del país.
De acuerdo con el Decreto Supremo (DS) 0013-2024-MINAM, se aprobó la normativa del nuevo PUPCA. Este proceso resulta obligatorio para los titulares responsables de los proyectos de inversión y las entidades que participan en el proceso de certificación ambiental y de los sectores transferidos al Senace: electricidad, minería, hidrocarburos, transportes, agricultura, residuos sólidos, vivienda y construcción, y saneamiento.
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Desde el Senace detallaron que el nuevo PUPCA regula 10 procedimientos: clasificación de proyectos de inversión, aprobación de términos de referencia y modificaciones, aprobación del plan de participación ciudadana y modificaciones, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y modificaciones (MEIA-d), aprobación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) y modificaciones, y aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
Además, prevé acciones para optimizar el cumplimiento de plazos, la coordinación con opinantes técnicos en los procesos de certificación, y regula los mecanismos de participación ciudadana aplicables únicamente a los sectores que no cuentan con esta normativa, para garantizar la intervención informada y responsable de la población y de todos los interesados en las evaluaciones ambientales, con enfoque intercultural y de género.
De esta manera, se asegura que el Senace continuará realizando evaluaciones ambientales rigurosas, imparciales, transparentes, uniformes, predictibles, oportunas y participativas. Es importante precisar que el nuevo PUPCA no aplica retroactivamente a los procedimientos ambientales que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigencia.
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