La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso se apresta a aprobar los proyectos de ley para el congelamiento de deudas del sistema financiero y la condonación de intereses de esos créditos, pese a la férrea oposición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), bancos, cajas municipales y rurales.
Hoy, la comisión congresal tiene en agenda el debate de dichas iniciativas acumuladas en un solo predictamen, al argumentar que es necesario garantizar los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las propuestas del Congreso buscan congelar por 120 días el pago de toda deuda con el sistema financiero y casas comerciales, así como condonar por seis meses –contados desde fin de marzo- los intereses compensatorios y moratorios de esas obligaciones, a fin de que las personas puedan afrontar la crisis del covid-19 sin que ello deteriore su calificación crediticia.
Impacto masivo
La superintendente de la SBS, Socorro Heysen, advirtió que 26 de las 52 instituciones financieras del país quebrarían de aprobarse esos proyectos, pues su viabilidad se afectaría al no recibir ingresos por cuatro meses.
“El impacto de este proyecto es masivo, es preocupante y es esencial que estos proyectos sean analizados por el Congreso con una visión de largo plazo, con visión de futuro del país y un análisis técnico y económico”, enfatizó.
Detalló que los citados proyectos proponen una moratoria obligatoria de cuatro meses en todos los créditos de personas, de consumo, hipotecarios y a microempresas, que impediría que en dicho lapso las entidades financieras reciban ingresos, eliminaría sus utilidades, comprometería su capital y pondría en riesgo los ahorros del público.
En oficio remitido a la comisión del Congreso, la SBS alertó que tales proyectos provocarían pérdidas por S/ 11,600 millones en el sistema financiero, y 26 entidades prestamistas tendrían pérdidas superiores al 50% de su patrimonio efectivo, causal de intervención por parte de esa superintendencia.
Precisó que esas 26 instituciones prestamistas tienen depósitos por S/ 18,900 millones, de los que S/ 14,900 millones estarían cubiertos, en caso de cierre, por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), pero como este solo tiene recursos por S/ 4,900 millones los ahorristas perderían S/ 10,000 millones, a no ser que el Tesoro Público le inyecte fondos.
Asfixia
Incluso estimó que a raíz de esa crisis financiera solo quedarían cuatro o seis bancos. “La moratoria impide la recuperación (cobranza de los créditos conforme se reactiva la economía) causando la muerte por asfixia de empresas que eran viables y que podían asumir pérdidas, pero no tantas como las que habría al dejar de percibir ingresos por varios meses”, dice la SBS.
Heysen señaló que la aprobación de tales proyectos de ley podría causar pánico y retiros de fondos de bancos, cajas y demás instituciones financieras, y acelerar los efectos nocivos de esas medidas.
Refirió que desde el principio de la cuarentena, la SBS dictó facilidades como periodos de gracia y condonaciones de intereses, aplicadas al 50% de los deudores. Incluso, agregó, las entidades financieras, de acuerdo con su capacidad, están volviendo a reprogramar esas obligaciones en condiciones aún más favorables para los deudores.
Reiteró que si esas facilidades se dan de forma obligatoria se pone en riesgo la viabilidad de las instituciones financieras, lo que retardaría la recuperación de la economía, pues tendrían que cerrar justo cuando las empresas están reactivando sus operaciones y necesitan apoyo crediticio.
- Destruyendo las microfinanzas -
J.J. MARTHANS LEÓN, Economista PAD–Escuela de Dirección Universidad de Piura
Sobre el proyecto de congelamiento y condonación de créditos, algunas reflexiones.
Primero, el BCR, la SBS y el MEF ya vienen aplicando mecanismos que permiten la reprogramación de deudas a tres años y a bajas tasas de interés.
Los recursos de Reactiva Perú y el FAE Mype superan los S/ 60 mil millones. La propuesta es redundante.
Segundo, el congelamiento de deudas y condonación de intereses de manera generalizada pone en peligro la estabilidad del sistema bancario y microfinanciero. Corta abruptamente su liquidez, licúa su rentabilidad y provoca cuantiosas pérdidas patrimoniales.
Tercero, de promulgarse el proyecto, llevaría al ente supervisor, aplicando la Ley de Bancos, a un irrenunciable proceso de intervención de entidades financieras.
El Congreso sería el causante de una crisis abierta. Imperdonable e increíble.
Cuarto, los gobiernos municipales, por ejemplo, tendrían que demandar por daños y perjuicios al Congreso.
Riesgo sistémico
Ellos son propietarios de las cajas municipales, pilar esencial de nuestras microfinanzas.
Quinto, los depositantes del sistema no podrían rescatar sus ahorros, dado que el Fondo de Seguro de Depósitos no dispone –en ninguna parte del mundo tampoco- de la magnitud de recursos para enfrentar un riesgo sistémico.
Sexto, es altamente probable que volvamos a un clima de zozobra e inestabilidad financiera generalizada.
Si eso es así, los prestatarios no dejarían de eximirse la obligación de pagar sus deudas y los ahorristas podrían perder parte importante de sus recursos. Todo es pérdida.
Las microfinanzas peruanas no pueden destruirse de una manera tan irracional.