Internet: el millonario costo que asume el Estado peruano en mantener la red dorsal

Para plantear alternativas de solución se instaló, el 2021, un grupo de trabajo en el MTC responsable de analizar su operatividad y plantear escenarios para el despegue de la RDNFO, la misma que tenía hasta octubre 2022 para presentar su informe correspondiente. ¿Qué dice el documento, hecho público esta semana?

Sobre el uso de esta infraestructura, la capacidad contratada apenas ha aumentado de 20.4 Gbps en el cuatro trimestre del 2020 a 23.5 en el segundo trimestre del 2021. ¿Quiénes la usan? A setiembre de 2022, la RDNFO -compuesta por 332 nodos y un despliegue de 13,636 kilómetros de fibra óptica- contaba con apenas 20 clientes.

Un punto a tener en consideración es el despegue de las redes privadas: para muestra un botón, al cierre de junio del 2021, los nodos de fibra óptica de la RDNFO están disponibles en 276 distritos a nivel nacional, mientras que de las empresas operadoras (privadas) en 908 distritos.

En tanto que, en 243 distrito, tanto al RDNFO y los privados disponen de nodos de fibra óptica. Solo en 40 distritos donde su ubica la RDNFO no habría nodos de fibra óptica de las empresas privadas. Igualmente, en 665 distritos donde se ubica los privados no tendrían presencia de nodos de la RDNFO.

Un punto que evitó el avance de la RDNFO ha sido el costo (rigidez tarifaria) que cobra por transporte de datos (internet) que es de US$ 23 Mbps más IGV (por contrato) cuando la tarifa promedio en el mercado ronda los US$ 10 por Mbps.

¿Cuánto es el costo que demanda operar y mantener la red dorsal?

Tras la salida de Azteca, esta infraestructura viene siendo operada y mantenida por Pronatel -entidad adscrita al MTC- por espacio de tres años. Para su operación y mantenimiento, el MTC le asignó a Pronatel la suma de S/ 123′954,237 (US$ 32.2 millones) el 2022.

La que se usa de la siguiente manera:

Lo que no toma a consideración este monto asignado son los gastos adicionales como es el caso de sueldos de personal operativo y/o directivo, costos de alquiler de oficinas, mobiliarios, equipos informáticos para uso administrativo, los que son asumidos Pronatel.

Como se recuerda se intentó hasta en tres oportunidades que un privado mantenga y opere esta infraestructura, pero los procesos que se organizaron desde el MTC, específicamente desde Pronatel, no tuvieron éxito e -incluso- estuvieron cuestionados, los primeros, por la presencia del hoy prófugo exministro, Juan Silva.

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¿Cuánto le costará al Estado peruano mantener la red dorsal este año? El reporte del MTC revela que el costo de operar y mantener la RDNFO proyectado para el año 2022 y 2023 asciende a S/ 205′771,790, de las cuales para el año 2022 corresponde el monto de S/ 111′975,895 ) y para el año 2023 el monto será de S/ 93′795,895 (US$ 24.4 millones).

¿Se va hacer un nuevo proceso para que un privado opere y mantenga la red dorsal? Desde el MTC se ha dejado abierta esa posibilidad, aunque se aclara que será de forma “temporal”.

“Desde la visión del Ministerio de Comunicaciones es que Pronatel contrate a la empresa que administre temporalmente la red dorsal porque la función de esta instancia no es ser administrador de la red dorsal sino de impulsar los proyectos de -digamos- de última milla regionales a las zonas rurales”, indicó ayer la ministra Paola Lazarte en conferencia de prensa.

Gestión supo que este nuevo proceso -para operar y mantener la red dorsal- se hará este año.

“El Estado no está llamado para operar y mantener la red dorsal, cuando hay empresas cuyo core business es operar y mantener infraestructura de comunicaciones. Entiendo que se han hecho los esfuerzos. En ese sentido, espero que Pronatel retome el buen rumbo”, comentó la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.

Entre las recomendaciones que indica el grupo de trabajo, destacan:

1. Eliminar la rigidez en el esquema de negocio: considerar la posibilidad de brindar múltiples servicios ya que la demanda del mercado es variada y se debería ajustarse a las necesidades propias de los clientes. Pudiendo aplicarse la definición de empresa vinculada, añade.
2. Flexibilidad tarifaria para adaptarse a las ofertas comerciales de la competencia.
3. Integración de la RDNFO y las redes regionales con la finalidad de mayor cobertura, así como unificar tarifas.
4. Permitir la prestación del servicio de internet para que los pequeños operadores puedan acceder a los descuentos por volumen en la contratación de la salida internacional de internet, en el ámbito de las redes regionales.
5. Prestación del servicio de internet a los usuarios finales de forma indirecta - empresa vinculada al operador de la Red de Transporte Integrada del Estado. Así como en localidades donde no lleguen otros operadores privados.
6. Simplificar la contratación de clientes.
7. Uso de nodos internacionales
8. Implementación e la Rednace lo que implica que las entidades públicas que se encuentren en los ámbitos refionales puedan usar la RDNFO

Manuel Cipriano, especialista en comunicaciones, consideró que si bien se propone la flexibilización normativa -en materia legal- para las realizar las recomendaciones que se formulan, “pues muchas de las especificaciones de la operación de la RDNFO están contenidas en la Ley N° 29904 y cualquier modificación que se decida realizar tiene que hacerse desde ese nivel de norma”

Por ello, indicó que modificaciones como la prestación a usuarios finales implica la modificación del artículo 9 de la ley citada “la que expresamente prohíbe al operador de la red tener este tipo de usuarios para brindar, por ejemplo, acceso a internet (tal como se propone en el informe)”.

El experto agregó que otro tema para definir y sobre el cual no hay mucha precisión es el destino de la red, pues Pronatel -argumentó- es un órgano estatal que no está preparado para gestionar una red de este tipo y realizar actividad privada, yendo más allá del principio de subsidiariedad que prevé la Constitución.

“Eso debe ser solucionado inmediatamente y debe ser la primera decisión para poder comenzar a decidir sobre las demás propuestas que contiene el informe”, añadió.

Entre tanto la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, precisó que -ahora- hay una nueva oportunidad “para hacer las cosas bien, desde un inicio”.

“Porqué no se hizo los cambios legales antes. Olvidan que el MTC propuso a Azteca la adenda de flexibilidad tarifaria y no fue aceptada, así como, aprobó cambios en el reglamento de la Ley de Banda Ancha para que Azteca pudiera cursar tráfico internacional (Lambdas) -incrementando el uso de dicha red- y no fue recogida, es decir, los cambios legales que se hubieran tenido que efectuar hubiesen sido de tal magnitud que probablemente hubiesen configurado una ruptura del equilibrio económico-financiero (cláusula 31 del contrato de concesión) o una afectación a los factores de competencia. Esto sin duda hubiese ocasionado una demanda arbitral contra el Estado Peruano”, añadió.

Agregó que es buena noticia que desde el MTC se estén acogiendo al principio transparencia, publicando el reporte del grupo de trabajo sobre la red dorsal.

“El régimen de banda ancha no se aborda modificando el contrato que se firmó con Azteca ya que tiene un problema de nacimiento, con la Ley N° 29904, ya que -si por ejemplo- un hospital de Ayacucho quiere interenet vía la red dorsal, no pueden contratar el servicio debido a que la ley de contrataciones indica que tiene que desarrollarse un concurso. En consecuencia, cuando se crea la Rednace, son conceptos bonitos pero huecos/vacíos ya que no estableció cómo las entidades públicas que querían contratar a la red dorsal iban a sobrepasar a la ley de contrataciones del Estado”, indicó.

En ese sentido, opinó que se debe modificar la ley de banda ancha para que se respete el rol subisidiario del Estado.

“La dorsal debe integrarse con la redes de transporte (de datos) regional no solamente porque técnicamente es razonable, pero hay algo más, como es el impacto social. Ello no implica que deba promoverse una empresa estatal, por el contrario deben ser entregadas a un concesionario privado. Se requiere un ánalisis serio que evalúe que el Estado pueda darse servicios a si mismo en salud, educación y seguridad y respetando el rol subsiadiario, es decir, dando internet en lugares en la que no llega el Estado”.

Sobre la posibilidad de que la RDNFO lleve internet a los usuarios finales, como se recomienda, acotó que “espero que sea un error”.