Las tensiones políticas entre el Gobierno y el Congreso, sumadas a las investigaciones al presidente Pedro Castillo, la alta rotación de ministros, el bajo crecimiento, entre otros, han llevado a que la calificadora internacional Fitch Ratings rebaje la perspectiva de la calificación de Perú de estable a negativa.
Si bien la calificación como emisor en moneda extranjera se mantiene en BBB, nota que se tiene desde octubre del año pasado cuando se redujo, pues era de BBB+, ahora se ha deteriorado la perspectiva que se tiene sobre las finanzas públicas y la institucionalidad del país.
El Perú ha sufrido la rebaja de la calificación de las tres entidades internacionales. Primero fue Moody’s en setiembre del año pasado de A3 a Baa1, con perspectiva estable, luego Fitch Ratings en octubre del 2021 y en marzo de este año lo hizo Standard & Poor’s, al pasar de BBB+ a BBB, con perspectiva estable.
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“Esta decisión de Fitch es un paso intermedio antes de rebajar la calificación. Es como si nos sacaran tarjeta amarilla antes de sacarnos la roja”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla.
Tumulto político
Según Fitch, el deterioro en la estabilidad política y la efectividad del Gobierno aumentan los riesgos a la baja para las calificación de Perú.
La entidad espera que el debilitamiento de las instituciones del Gobierno sea difícil de revertir durante el período de pronóstico de Fitch hasta fines de 2024 y que esta debilidad plantee mayores riesgos a la baja para la inversión y el crecimiento económico que la expectativa que tenía dicha agencia de rating a principios de este año.
Afirma que el elevado tumulto político está afectando la calificación, es decir, las múltiples investigaciones de corrupción que involucran al presidente Castillo, la alta rotación de ministros, la relación con el Congreso, etc.
“Aunque los legisladores de la oposición bloquearon las propuestas más radicales del Ejecutivo, incluida una nueva redacción de la Constitución, los dos poderes quedaron atrapados en un punto muerto incómodo”, refirió la entidad .
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Perspectivas de bajo crecimiento
Otro factor que afecta la perspectiva es el bajo crecimiento de la economía. Para Fitch, este año el Perú crecería solo 2.3% y entre el 2023 y 2024 apenas 2%, por debajo de la media de 2.8% que tienen los países con la misma calificación de Perú de BBB.
“La previsión de la calificadora de un menor crecimiento, que eventualmente puede mellar la capacidad de pago, no ahora sino a futuro, es sumamente preocupante”, dijo el exministro Castilla.
Camino a nueva rebaja de la calificación
El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, afirmó que el mensaje que está dando Fitch al Perú es que cuando revise su calificación dentro de seis meses, la probabilidad de que la bajen es bastante alta.
“Si eso sucede significará que habrá mayores tasas de interés para la deuda pública en dólares principalmente, que es con la que el MEF se fondea”
Por ello, considera que la decisión de Fitch es más que una alerta, pues cuando compara a Perú con los países con la misma calificación ya no lo ve en ese grupo, sino más pegado para abajo.
“El problema que se presenta es que el Perú está a solo dos niveles del “nivel basura”, es decir, donde se pierde el grado de inversión. El ponernos muy cerca de allí podría llevarnos a tener “bonos basura”, con lo que el financiamiento del Perú a través de deuda se haría mucho más difícil”, precisó Thorne.
Opinión similar tiene Castilla, quien considera que los problemas de gobernabilidad y que impiden se potencie el crecimiento a través de la inversión privada, no se resolverán en el corto plazo, lo cual es preocupante.
“Si eso no se resuelve, lo único que queda es tratar de mantenernos en este nivel, pues que pase algo adicional y perdamos el grado de inversión sería un shock psicológico brutal porque es el único activo o fortaleza que aún tenemos como país”, enfatizó.
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Sin efectos a corto plazo
Para el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, la decisión de Fitch no tendría impacto en el corto plazo, ya que el Perú tiene una deuda muy por debajo del promedio de los países con la misma calificación.
“La capacidad de pago no está comprometida, el Gobierno no tiene necesidad de emitir (deuda) en el corto plazo porque tiene otras fuentes de financiamiento”, añadió.
Sostuvo que lo que sí genera esta decisión es un mayor escrutinio de la situación del país, tanto política como económica.