Pese a que el ofrecimiento del Gobierno de reducir la tramitología para destrabar proyectos mineros aún es una tarea pendiente, una nueva sombra se cernería sobre este sector: se trata de una iniciativa del Congreso de la República para penalizar las concesiones mineras que no inicien inversiones en determinados plazos.
La propuesta legislativa fue presentada por el grupo parlamentario de Renovación Popular y plantea modificar algunos artículos de la Ley General de Minería para incrementar el monto a pagar por el derecho de vigencia de las concesiones mineras.
La iniciativa, presentada por el congresista Alejandro Muñante, fue derivada para su debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
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Más detalles
La medida propone también reducir el plazo de vigencia de ese tipo de concesiones, en caso no se llegue a cumplir determinados montos de producción mínima anual y estableciendo una nueva causal de caducidad.
Vale recordar que el marco de las concesiones otorga al titular minero la exclusividad de poder realizar, en determinadas áreas del territorio definidas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), estudios preliminares a las actividades de exploración o explotación en sí (que requieren otras autorizaciones, estudios, permisos y acuerdos con los propietarios de los predios dueños de la superficie).
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La iniciativa se sustenta en cifras del Ingemmet y del Minem al 31 de julio. Estas reportan que, en el Perú, hay 37,408 concesiones mineras vigentes sobre 15.5 millones de hectáreas.
Sin embargo, de esas más de 37,000 concesiones, sólo en 1,220 de ellas (el 3.2% del total) se realizan actividades mineras, en la actualidad.
Es decir, concluye el proyecto, existe un gran número de concesiones “ociosas”. Además, señala que habría una acumulación de un gran número de ellas en manos de pocos titulares mineros, quienes tendrían así derecho sobre una importante cantidad de hectáreas.
Frente a este escenario, la bancada indica que su propuesta busca impulsar una inversión minera responsable y limitar la acumulación de concesiones “ociosas” en armonía con la ley para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
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Buscando introducir tal limitación, propone aumentar el monto por derecho de vigencia de las concesiones mineras, de los actuales US$3.00, a US$5.00 (alza de 66%) por año y por hectárea para titulares mineros alcanzados por el régimen general (gran y mediana minería).
Igualmente, propone reducir el tiempo de vigencia de una concesión que no cumpla con la obligación de una producción mínima anual a 20 años (desde los 30 años actualmente).
Plantea, asimismo, incrementar las penalidades económicas por incumplir sus metas de producción mínima en dos tramos. En primer lugar, entre el año 11 al 14 (de la concesión) se aplicará una penalidad por un valor del 10% de la producción mínima por año y por hectárea y, para el año 15 al 19, será de 20%. Además, se dará por caduca la concesión al año 20.
También eleva las penalidades por incumplimientos de producción mínima para el régimen de la pequeña minería, con el 5% de la producción mínima anual y por hectárea del año 11 al 14 (de la concesión) y del 10% desde el año 15 al 19 de otorgada.
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Advertencias
Para Luis Rodríguez-Mariátegui Canny, especialista en minería y medio ambiente, esta propuesta introduce una nueva causal de caducidad que implica que debería haberse invertido no menos de US$1 millón al décimo año de otorgada la concesión.
Además, señala a Gestión, que rebajar el plazo para que los titulares entren en producción efectiva a los 20 años desde su titulación es irreal y puede afectar a casi el 100% de los actuales derechos mineros, poniendo en riesgo las inversiones previas a las exploraciones mineras.
Esto, debido a que la vigencia de las concesiones podría pasar a estar sujetas a los criterios subjetivos de los gobiernos y funcionarios de turno, a diferencia de la normativa actual, en la cual las causales de caducidad responden a criterios objetivos.
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¿Por qué algunas concesiones no inician producción?
Rodríguez-Mariátegui, socio del Estudio Hernández & Cia., explica también que, en la mayoría de los casos, la demora en iniciar la fase de producción es atribuible a motivos no imputables a los inversionistas. Esto es, por ejemplo, por falta de acuerdo con terceros sobre los derechos superficiales.
Otro motivo, observó, puede ser la demora en toda la gama de permisos exigibles para explorar y construir las facilidades mineras y de procesamiento.
En tercer lugar, menciona que están ciertas resistencias de autoridades y comunidades locales o la propia existencia de mineros informales, que impiden siquiera el inicio de exploraciones.
El experto recordó que, ya hace algunos años, se pretendió una rebaja de plazos similar, pero el Gobierno tomó consciencia de su inconveniencia y dio marcha atrás.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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