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La empresa estatal Petroperú tendrá una participación en todos los aspectos de la industria petrolera para “promover un mercado de combustibles con precios justos”, afirmó el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, tras reunirse con trabajadores de la compañía.
Petroperú es una empresa de propiedad del Estado peruano que se encarga del transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y derivados del petróleo, en forma paralela a la participación de otras empresas privadas en el país.
Uno de los anuncios del presidente Pedro Castillo, en su asunción al mando, fue “el fortalecimiento” de Petroperú en todos los ámbitos de la actividad petrolera y de hidrocarburos en el país.
Merino declaró que llevará a cabo lo anunciado por Castillo el pasado miércoles, “donde señaló la importancia de que Petroperú participe en todos los aspectos de la industria petrolera promoviendo un mercado de combustibles con precios justos y asequibles”.
El ministro se reunió, el sábado, con representantes de los sindicatos de trabajadores de Petroperú, agrupados en la Convención Nacional de Sindicatos.
Merino afirmó que el impulso y fortalecimiento de Petroperú será un aspecto clave que demandará un esfuerzo conjunto con los trabajadores y las comunidades aledañas a las operaciones de la empresa, entre otros actores sociales.
De la misma forma, el ministro convocó a representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para compartir con ellos las propuestas del Gobierno sobre la “rentabilidad social” en las industrias extractivas.
Castillo explicó que la “rentabilidad social” será aplicada en los proyectos de inversión privada para asegurarse que exista un mayor beneficio económico para los gobiernos locales y regionales, donde están asentados los proyectos extractivos.
Sin embargo, entre los mercados privados de inversión ha generado incertidumbre el anuncio de Castillo de convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política de 1993, aprobada mayoritariamente por la población mediante un referéndum, y que facilitó la apertura comercial y limitó la participación del Estado en las actividades productivas.