En Perú existen al menos 300 mil mineros ilegales, de acuerdo con el fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno.
En diálogo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), detalló que las regiones con los indicadores más altos de esta actividad ilícita son Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash. Además, advirtió que, si midiéramos a este grupo con los procesados, no se llegaría ni al 10% del total de mineros ilegales.
Desde 2019 el Ministerio Público investiga más de 7.200 casos vinculados a la minería ilegal, pero a la fecha, solo se contabilizaron 320 condenas debido a la intensa carga investigativa y escasez de personal, lo que retrasa el inicio de los juicios.
El fiscal Chávarry sostuvo que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha protegido a los mineros ilegales, y si el Congreso amplía su vigencia —que termina el 31 de diciembre de este año— no se podrá avanzar con la formalización.
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“(El Reinfo) ha servido como una especie de camuflaje para los mineros ilegales porque muchos de ellos se sometieron a este procedimiento sin la intención de formalizarse, sino únicamente para que puedan recibir la exención de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal que establece el decreto (DL N° 1351)”, mencionó.
Por otro lado, desde CooperAcción reportaron que decenas de mineros artesanales se mantienen firmes en su protesta ante el afán del Congreso de ampliar el Reinfo hasta por dos años. Vale añadir que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, prometió entregar al Congreso el proyecto de ley para la minería artesanal y pequeña minería —bautizado como Ley Mape— mas a la fecha no hay novedades.
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Ojo con la “narcominería”
Solamente en la fiscalía especializada de Puno, Chávarry cuenta que ha habido un incremento del 50% de casos por minería ilegal, específicamente, en distritos que colindan con Madre de Dios y con Bolivia. Este rebrote tiene el rostro de la minería ilegal y del narcotráfico, por lo que no dudó en denominar a esta problemática como “narcominería”.
Así, ambas actividades ilícitas “se protege y trabajan de la mano”, lo que dificulta las intervenciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Exigió mayor presencia de efectivos del orden en dichas zonas ya que “no se puede exponer a dos agentes policiales para que intervengan una actividad minera ilegal que tiene entre 20 y 30 personas y hay gente armada dispuesta a todo”.
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