La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría el predictamen que busca otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 13 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.
Como se recuerda, a inicios de mayo el Gobierno peruano presentó el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, con el que piden la facultad para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
El texto sustitutorio evaluado indicaba que, de las 10 materias y 105 submaterias solicitadas por el Poder Ejecutivo, se estaban considerando otorgar facultades en los 10 temas solicitados restringiendo a 63 las submaterias. Sin embargo, durante el debate los congresistas establecieron una serie de cambios.
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En las disposiciones complementarias establecidas en el texto sustitutorio se indica que lo aprobado no afecta la autonomía de gobiernos regionales y locales ni competencias de los organismos constitucionalmente autónomos. Tampoco se vulneran derechos fundamentales ni procesos judiciales o administrativos en trámite.
Se indica que las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas se tramitan conforme a la Ley de Presupuesto.
Proyecto rechazado por la Comisión de Presupuesto
Recientemente la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso también debatió el proyecto del Gobierno, resultando en el informe que recomienda negar el otorgamiento de facultades legislativas solicitadas en lo referente a los cambios propuestos en inversión pública y equilibrio fiscal.
Según indicaron los legisladores, los temas de Presupuesto, Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y Cuenta General de la República “no pueden ser materia de delegación de facultades” acorde a los artículos 101 y 104 de la Constitución Política.
Ahora, tras la aprobación de la Comisión de Constitución, se deberá pasar el dictamen al pleno del Congreso. De ser aprobado el pedido del Gobierno, tendrán un plazo de 90 días para legislar en las materias aprobadas.
(Noticia en desarrollo).
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