El Perú a la OCDE

Desde el 2012, año en que nuestro país expresara formalmente por primera vez esta aspiración, hemos buscado implementar los estándares y buenas prácticas de la OCDE mediante un proceso de vinculación que ha permitido optimizar sus políticas públicas en áreas como, gobernanza pública e integridad, cohecho internacional, gobernanza del agua, salud, estadísticas, compras públicas, entre otras.

Algunos hitos que han marcado el camino son: la exitosa implementación del Programa País (2014 – 2016), la presentación en 2019 ante el Consejo de la organización de un Plan de Trabajo con miras a profundizar la vinculación a nivel multisectorial con la OCDE en torno a tres ejes: i) gobernanza, ii) crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, y iii) desarrollo social y bienestar de la población.

La invitación consolida la posición del Perú como socio estratégico para la promoción del multilateralismo que permite abordar de manera coordinada desafíos globales y promover sinergias. En particular, en el Asía-Pacífico por nuestra natural pertenencia hacia esa región; en la Alianza del Pacífico, donde el Perú tiene capacidad coadyuvante con México y Chile dada su membresía con APEC; y en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Todo lo anterior pone de manifiesto que esta aspiración peruana es una política de Estado de carácter permanente con apoyo al más alto nivel a lo largo de sucesivos gobiernos y que ha sido ratificada por el presidente Pedro Castillo.

La invitación se fundamenta igualmente tanto en nuestros méritos técnicos como en nuestro compromiso con valores como la democracia, la protección de las libertades individuales, los derechos humanos, una economía abierta, inclusiva y competitiva, y el Estado de derecho. También con políticas como la promoción de la transparencia fiscal, la lucha contra la corrupción y la conservación del medioambiente.

En ese sentido, el proceso de adhesión a la OCDE no debe verse como una solución mágica a nuestros problemas sino como la oportunidad para adoptar reformas de políticas públicas dirigidas a brindar servicios públicos de mejor calidad a la ciudadanía, fomentar la creación de empleo digno, acortar brechas estructurales de género y de toda índole, así como promover estrategias para alcanzar un desarrollo inclusivo, resiliente, equitativo y ambientalmente sostenible; todo ello fundamental en la recuperación económica post-pandemia.

El 27 de enero del presente, el presidente Castillo firmó la carta de aceptación para poder iniciar nuestro proceso de adhesión a la OCDE. Este acto simboliza el esfuerzo inagotable de funcionarios privados y servidores públicos que han coadyuvado a este importante paso para mejorar el desarrollo de nuestra nación. Sin embargo, existen brechas y desafíos que debemos enfrentar y que demandará un compromiso de todos los sectores del Estado y, por supuesto, del apoyo y diálogo constante con la sociedad civil.

Adicionalmente, la Cancillería está gestionando la apertura de una oficina Ad Hoc autónoma en París, con la finalidad de continuar el seguimiento pertinente para nuestra incorporación en la OCDE. Los plazos de incorporación dependerán de los estándares establecidos y nuestra disponibilidad de cumplimiento en cada aspecto estipulado por la organización. Resulta fundamental que el Estado peruano establezca y adopte diversas medidas como la descrita previamente, puesto que garantizarán la efectividad de los esfuerzos multisectoriales para el cumplimiento de nuestra incorporación como país miembro.

De concretar la incorporación del Perú a la OCDE y, ya siendo miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC, dispondremos de dos instrumentos fundamentales, así como los mecanismos que estos organismos ofrecen a sus miembros con la finalidad de impulsar el comercio, las inversiones provenientes de las más importantes empresas alrededor del mundo, acceder a mercados competitivos, mejorar nuestra credibilidad e implementar buenas prácticas que mejoren la gobernabilidad e institucionalidad a beneficio de la ciudadanía nacional.