(Foto: Difusión)
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Las obras inconclusas o mal ejecutadas, así como la fiscalización de la gestión de exautoridades, entre municipales y regionales, fueron los temas más recurrentes que denunciaron los ciudadanos participantes en las audiencias públicas provinciales que desarrolló la el 20 y 22 de febrero en siete provincias.

La primera audiencia tuvo lugar en la provincia de San Marcos (Cajamarca) y los asistentes se centraron en denunciar obras viales inconclusas, tales como el camino vecinal en el distrito Gregorio Pita, que lleva tres años en construcción y las obras no fueron concluidas por el exalcalde.

También pidieron a los representantes de la gerencia regional de control intervenir en el barrio La Ermita, que afronta problemas en los servicios de desagüe y falta de pistas asfaltadas, pese a las solicitudes hechas a la Municipalidad Provincial de San Marcos. Otras denuncias trataron sobre discriminación laboral a sindicatos e irregularidades en adquisiciones.

En el caso de la audiencia realizada en Grau (Apurímac), la población expresó sus quejas sobre proyectos de irrigación que involucran a siete comunidades de la provincia pero que no habrían cumplido lo establecido en la norma. Los ciudadanos también denunciaron que hay dos obras de represamiento de dos lagunas, cuya ejecución financiera es del 95% pero las obras físicas tienen un avance de 15%.

Además denunciaron una supuesta sobrevaloración de las obras de construcción de la Plaza de Armas de la provincia de Grau. También advirtieron que algunas obras de la gestión edil anterior presentarían serias deficiencias.

La audiencia en Huarmey (Áncash) sirvió para que la población exprese su preocupación y denuncias sobre obras sin iniciar o mal ejecutadas en el marco de la Reconstrucción con Cambios, tales como la descolmatación del río Huarmey y la reconstrucción del hospital de la provincia. También se pusieron de manifiesto irregularidades en la UGEL y otras obras de Huarmey.

En la provincia de Pisco (Ica), las denuncias más recurrentes fueron sobre la problemática en los servicios de agua y alcantarillado, problemas en obras públicas y funcionarios de confianza que no cumplen el perfil para ocupar su cargo.

Mientras tanto, en la audiencia pública realizada en Trujillo (La Libertad), la población mostró su preocupación por el tema del recojo de la basura, el mal estado de los colegios y los trabajos inconclusos que dejó la gestión municipal anterior.

En el caso de la audiencia pública de Chiclayo (Lambayeque), los asistentes realizaron denuncias vinculadas a corrupción en la municipalidad y en el Gobierno Regional de Lambayeque. También manifestaron su disconformidad sobre obras de saneamiento y rehabilitación de pistas, y pidieron una mayor vigilancia en las obras de la Reconstrucción con Cambios.

En tanto en, la audiencia en la provincia de Dos de Mayo (Huánuco) se recibió denuncias de la población sobre problemas registrados en la construcción del mercado de la ciudad, del canal de irrigación del distrito de Pachas y de la carretera Huánuco – La Unión.

Todas las alertas fueron anotadas y serán atendidas por los representantes de las respectivas quienes también informaron sobre las acciones de control ejecutadas a nivel provincial.

La información recopilada servirá de insumo para las actividades y las jornadas informativas que realiza el contralor Nelson Shack Yalta en el interior del Perú, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana, a través del control social, para la lucha contra la corrupción e inconducta funcional.

También se busca contribuir en la mejora de las actividades y servicios públicos en beneficio de todos los peruanos.

Precisamente, la Contraloría presentará en las próximas semanas al Congreso un proyecto de ley para garantizar la continuidad de proyectos de inversión que se encuentren paralizadas, inconclusas, en proceso de arbitraje o litigio judicial para garantizar la continuidad de su ejecución.

Asimismo, próximamente iniciará el operativo nacional sobre la transferencia de gestión y el correcto inicio de funciones a los Gobiernos Regionales y Municipales para detectar si las autoridades salientes cumplieron con realizar correctamente su transferencia de gestión y si los actuales gobernadores regionales y alcaldes han nombrado funcionarios de confianza que cumplen los requisitos establecidos para ejercer el puesto.


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