Medidas tributarias no garantizan beneficio a segmentos de bajos ingresos, señalan economistas

El 3 de abril, el Gobierno exoneró del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina de 84 y 90 octanos, entre otros combustibles, como parte de las medidas para atenuar el impacto de los mayores precios en la economía “Esta medida, estoy seguro, va a ayudar al sector Transportes y con ello se evitará el incremento de precios de productos de primera necesidad que ha venido afectando a las familias peruanas”, señaló el presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, Parodi indicó que no se tiene información de que aquellos que usen el tramo de combustible exonerado son los que deban ser beneficiados. “No hay una base de datos que indique que aquellos que usan ese combustible sean los que necesiten el subsidio. Hay mucha gente, por ejemplo, con vehículo y de niveles de ingresos altos que va a recibir el beneficio, y que no les hace falta. Ahí hay un problema serio, al que se suma que no va a ser tan fácil retirar este subsidio”, afirmó.

El economista mencionó, además, que el traslado de la exoneración a los precios de transporte o alimentos no necesariamente se daría. “No hay claridad de que esto se refleje en menores precios del tomate o pollo, al menos no tan rápido. Este es el costo de un subsidio universal, no hay certeza”, indicó.

Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, señaló por su parte, que hay dos grandes grupos de beneficiados, siendo el primero de estos los distribuidores grifos.

“Estos (grifos) pueden acoplar combustible al mismo precio y no necesariamente trasladarlo al consumidor. Aquí puede haber una primera fuente de distorsión. En espacios donde haya más competencia, la reducción en precios sería más nítida. Si se vive en lugares donde no hay mucha competencia entre grifos entonces es posible que el precio sea rígido”, precisó.

El segundo grupo que sería beneficiado, de forma más directa, corresponde a los consumidores de ingresos medios (aquellos que tienen vehículo y usan los combustibles exonerados) y transportistas. Odar mencionó que las personas de más altos ingresos no tendrían gran beneficio, debido a que el combustible de 95 y 97 octanos ha quedado fuera de la exoneración.

“El transportista puede ver reducido el precio de su gasolina y luego no reducir los precios que cobra por su servicio. Entonces, no necesariamente las personas de menores ingresos se verían beneficiadas por esta medida, tanto por el lado de su transporte como el de los bienes que consumen”, indicó.

En el mismo sentido, Miguel Ludeña, abogado senior del equipo tributario en el estudio Rebaza Alcázar & De Las Casas, indicó que si bien la norma, desde lo tributario, sí debería tener un efecto en el consumidor final, no hay garantía de que esto suceda.

Exoneración del IGV

Bajo el mismo marco de la exoneración tributaria en combustibles, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, anunció también que se presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para exonerar, de manera temporal, a los productos alimenticios de primera necesidad (pollo, huevos, harinas, fideos, carnes, entre otros) del Impuesto General de las Ventas (IGV).

Odar mencionó que esta medida sí debería beneficiar al segmento de menor ingreso, pues la mayor parte de sus recursos la destinan a alimentos. Sin embargo, al igual que con los combustibles, para que ello sea efectivo se debe tener garantía de que el comerciante traslade la exoneración a precios finales.

“Puede pasar que la mayor parte de la corrección se quede en el intermediario y no en el consumidor final. Nada garantiza que los cambios en el precio sean uno a uno; es decir, quizá puedan bajar el precio, pero no como deberían hacerlo. Los esfuerzos para que el IGV se traslade tendrían que ser incluso mayores que con el combustible, porque los canales de alimentos son más. Hay aumento de gasto público sin focalización adecuada”, manifestó.

En el mismo sentido, Parodi señaló que, de manera similar al caso de los combustibles, la reducción del IGV posiblemente no tenga un impacto íntegro en el consumidor final.

“La efectividad de medidas como esta está sujeta, entre otros factores, a qué tanta competencia hay en las zonas o el acceso a oferta que tiene el consumidor. Ante ello, zonas más alejadas, en donde están usualmente aquellos de menores ingresos, no se beneficiarían de este subsidio en gran medida”, manifestó.

Una mejor ruta

Finalmente, agregó que una mejor medida podría haber sido un subsidio a través del pago de servicios básicos como agua. “Si el Estado asume la mitad del recibo de agua es como si se estuviese dando un aumento del ingreso para que enfrenten los precios más altos. Este subsidio sí es focalizado”, indicó.