En mayo de este año las puertas de la Sunat se volvieron a abrir a los medios, tras dos años de silencio. La llegada de Gerardo López a la cabeza de la superintendencia le dio algunos nuevos aires a la gestión.
En una de sus primeras entrevistas a periodistas, realizada por Gestión, se dieron anuncios clave: una “central de riesgo” para calificar a contribuyentes, la “Tasa Netflix”, un listado de las empresas con deudas coactivas, entre otros. Cada uno de estos anuncios se han ido concretando con el pasar de los meses. Sin embargo, López podría salir de su posición.
Se conoció que se habría decidido dar por concluida la designación de López al cargo de superintendente. Quien entraría a dicho cargo es Aldo Prieto, actual jefe de Gabinete de Asesores en la Presidencia del Consejo de Ministros.
De hecho, en el registro de visitas del Estado, figura la visita de Aldo Prieto al ministro del MEF, José Arista, el 29 de agosto, desde las 6:17 p.m. a las 7:35 p.m.
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Prieto es economista por la Universidad de Lima. Magister en Administración y Gerencia Pública y en Planificación Estratégica del Desarrollo. Tiene experiencia en organizaciones públicas y privadas de reconocido prestigio. Ha participado en importantes proyectos y programas en el sector público y privado, entre otros detalles.
Fuentes del sector precisaron que la salida de López no se debe a una renuncia. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitiría un decreto supremo aplicando el reglamento que permite cambiar al jefe de la superintendencia.
Aunque algunas voces comentaron a este diario que la eventual salida de López responde a un tema reciente: la llamada “Tasa Netflix”, fuentes más cercanas a la superintendencia consideraron que esta no es la razón principal.
El que se cobre IGV a las plataformas digitales es una idea que fue respaldada por el MEF -el Congreso de la República dio facultades legislativas para que se concrete-. Aunque el reglamento del Decreto Legislativo dejó más interrogantes que respuestas.
Se supo que saldría una resolución de Sunat estableciendo el procedimiento para que las empresas no domiciliadas en el país puedan inscribirse en el RUC, trámite que le correspondía establecer a la Sunat. El estimado es que más de 400 empresas se acojan a la medida.
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