A un año desde que se publicó la Ley N° 31589, que tiene como objetivo destrabar las obras públicas paralizadas en el Perú, el Gobierno -a través del Decreto Legislativo 1584- modificó algunos aspectos para contribuir en la reactivación de los proyectos, las cuales también están relacionadas a la mitigación del fenómeno de El Niño.
De acuerdo con los cambios en el D. Leg., las entidades bajo el ámbito de aplicación de la ley podrán reactivar, excepcionalmente durante el 2023 y 2024, las obras públicas paralizadas que cuenten con un avance físico igual o mayor al 20% (antes era el 40%).
También los ministerios, al igual que sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos podrán emplear las modalidades de concurso oferta y llave en mano para contratar el saldo de la obra.
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Las entidades (gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas públicas) deberán elaborar su inventario de obras públicas paralizadas bajo responsabilidad de su titular.
Tras registrar el inventario en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, los titulares de las entidades deberán solicitar un informe sobre el estado situacional de las obras. Alternativamente, podrán contratar (con un tercero) la elaboración de dicho documento, que se considera de necesidad urgente.
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo que faculta a las entidades involucradas a convocar el Procedimiento Especial de Selección a fin de reactivar las obras públicas iniciadas bajo la modalidad de ejecución de administración directa.
Para ello tienen que cumplir con disponibilidad presupuestaria, que las inversiones puedan satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes, seguridad y prevención de desastres.
Dichas medidas van en línea con lo señalado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, quien informó hace unos días que se tenía un decreto que permitirá “ampliar el espectro de obras paralizadas”.
“Estamos hablando potencialmente de 1,269 obras que se podrían reactivar con los procedimientos que se han aprobado. La idea es que las entidades puedan registrar estas obras y sacarlas adelante. La brecha de infraestructura en el país es muy grande. Lo que apuntamos en esta gestión es poner en valor las obras que en este momento no producen ningún servicio para los ciudadanos”, dijo.
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Para Camilo Carrillo, Infrastructure, Strategy & Transactions Associate Partner de EY Perú, estas modificaciones en la ley no tendrían gran impacto, tal como sucedió con la norma original para reactivar los proyectos que se habían previsto.
“Esta Ley N° 31589 no ha tenido un impacto considerable, por eso se hacen los cambios y no sé si marcarán la diferencia. Además, no veo que las modificaciones que realizan ‘ataquen’ el fondo del asunto”, sostuvo el experto en Gestión.
Explicó que el problema es que el funcionario público no puede tomar decisiones sin que las discuta el control concurrente de la Contraloría General de la República y lo que genera es parálisis.
“Este proyecto al tener control concurrente también tiene la figura de que toda las opiniones de los funcionarios públicos, que van hacer estas contrataciones casi directas, van a estar sujetas al control de la Contraloría y eso en el país, prácticamente, ha generado una parálisis”, apuntó.
Agregó que, si bien es una buena medida la reducción del 40% al 20% de avance que deben tener las obras a reactivar, no cree que marcará una gran diferencia para que el destrabe en general de los proyectos.
“Hay que fortalecer la capacidad de los funcionarios de tomar decisiones. Esto es un tema estructural, así que se debe proteger más al funcionario para que tome decisiones. Debe existir el control, pero más de resultados y no de procesos”, recomendó.
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Héctor Morales González, coordinador de Regulación de las Adquisiciones en Ministerio de Economía y Finanzas, indicó a que las iniciativas normativas no son las únicas que deben desplegarse para resolver esta problemática compleja relacionada con las obras paralizadas.
“Esperemos que esta medida impulsada desde el Poder Ejecutivo incentive a las autoridades, a nivel nacional, a seguir reactivando los proyectos prioritarios que requiere la población y nuestro país”, comentó en su red social.
Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.