Si bien el sector construcción crecería a penas 0,4% este 2023, el único segmento que se mantendría dinámico dentro de esta industria es la construcción de vivienda social. Al menos así lo prevé el Gobierno, por lo que evalúa dos estrategias para alcanzar un pico histórico de 15,600 créditos a través del Fondo MiVivienda.
Para lograr el objetivo, el Ejecutivo destinará S/ 2,500 millones este 2023 al Fondo -en el 2022 llegó a S/ 2,300 millones-; muy aparte de los S/ 890 millones para las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva a través del programa Techo Propio, o los S/ 170 millones para el Bono del Buen Pagador.
En esa línea, evalúa implementar ‘principalmente’ dos estrategias para el Fondo Mivivienda que se aplicarían entre el 2023 y 2026. Primero, desarrollar nuevas líneas de negocio autosostenibles para la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda; y segundo, promover la descentralización de los proyectos de vivienda social y su financiamiento, mediante mesas de trabajo con las entidades financieras con línea de afianzamiento. Así lo menciona en su Informe de Actualización de las Proyecciones Macroeconómicas 2023-2026.
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Al respecto, el Fondo Mivivienda evaluaría realizar modificaciones a los reglamentos de crédito de los productos MiVivienda a fin de promover el otorgamiento de créditos con recursos propios de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y que estas accedan al atributo de la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC) y canalicen el subsidio habitacional.
El anuncio ha generado algunas dudas en la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio, dijo a gestion.pe que si lo que plantea el Gobierno es dejar a un lado los subsidios para generar líneas de negocio autosostenibles dentro del Fondo Mivivienda, “es una propuesta equivocada”, pues el Fondo es uno de los programas estatales más rentables: “por cada sol colocado, el gobierno recupera al año siguiente S/ 1,20″, señaló.
Además, anotó que frente a cualquier iniciativa para seguir impulsando la vivienda formal en el país, la solución no pasa por aumentar las líneas de negocio, sino, por “triplicar los recursos destinados al subsidio de vivienda”, promover el uso del canon en los gobiernos regionales para destinarlos a subsidiar más vivienda, y actualizar los precios máximos y valores de la vivienda frente al auge de la inflación. “Los valores han quedado desfasados, el ajuste del bono habitacional MiVivienda fue de solo 5 a 6%, pero solo el valor de la mano de obra creció 8% y los materiales de construcción, en dos años y medio, se elevó en 25%; los promotores inmobiliarios se están desanimando”, dijo.
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El otro problema es el suelo, sin este, no hay vivienda. Ricardo Arbulú, gerente general de Ciudaris y secretario general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), mencionó que cada año se forman cerca de 100,000 nuevos hogares en el país pero solo se produce entre 40,000 y 60,000 viviendas formales. El déficit de vivienda en Perú está bordeando el 1.8 millones. La baja cifra de construcción se debe a los pocos recursos para subsidios, pero también, la tierra insuficiente para construir.
“La propuesta es crear un operador o una empresa municipal de suelos que se encargue de sanearlos, inventariarlos, sanearlos legalmente, dejarlos listos para ofertar al sector privado; es una labor ardua pero que ya existen en países como Colombia o Chile. Hoy la mayoría de terrenos del Estado están subutilizados en Lima, el 70% de estas áreas le pertenecen a la Universidad San Marcos y a la Municipalidad de Lima”, dijo.
En efecto, en el PlanMet Lima 2040, publicado al cierre del 2022, la Municipalidad Metropolitana de Lima identificó que habían terrenos del Estado desocupados por 37,000 hectáreas que podrían ser utilizados para programas de vivienda en la capital.
Por último, sobre la descentralización de proyectos, ASEI y Capeco indicaron que el proyecto Techo Propio ha sido más consistente en provincias como Ica, Piura, Lambayeque y La Libertad, pero en Lima -con más de 11 millones de habitantes, solo se entregaron 300 viviendas a través de dicho programa en 2022. Se identificó, también, que existe un menor avance de vivienda social en Cusco y Arequipa.
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