El último fin de semana se conoció que la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), solicitó que se anule la exclusividad otorgada a Cosco Shipping Ports para los servicios esenciales en el puerto de Chancay.
La APN señaló que se trata de un “error administrativo” que debe ser resuelto porque ellos no tiene la facultad de otorgar dicha característica, pues no está expresa en la Ley del Sistema Portuario Nacional y su reglamento para este tipo de inversión.
Inversión privada. Cabe recordar que el puerto de Chancay no es una concesión. En el caso de terminales portuarios de propiedad privada, no se tramitan con contratos con el Estado, se tramitan con actos administrativos y/o títulos habilitantes.
Sin embargo, se ha cuestionado desde diferentes flancos que la interpretación que hace APN, para promover dicha demanda, no sería correcta. De hecho, el mismo ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, reveló que todo parte de un aviso de una persona natural a través del Estudio Olaechea.
Mientras la denuncia de la Procuraduría avanza en el Poder Judicial, ya el MTC piensa en una salida. El ministro Pérez Reyes comentó -tras su salida del Congreso de la República- que buscarán un marco que le permita a APN dar la tan mencionada exclusividad a esta inversión privada.
“El artículo 2 (de una Resolución de Acuerdo de Directorio del 2021 de la APN) que plantea la exclusividad de los servicios es lo que se ha cuestionado. En opinión de la APN no hay un marco jurídico que permita esa exclusividad hoy. Pero, estamos trabajando para tener ese marco de exclusividad que nos parece lo más razonable”, señaló el ministro.
Agregó que: “Nosotros estamos trabajando para permitir la exclusividad. Si alguien invierte dinero bajo su propio riesgo, tiene derecho a mantener dicha exclusividad”.
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