
Faltando 45 días para que concluya la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin que hasta ahora se haya aprobado el proyecto de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), se encienden los ánimos de los involucrados en el proceso de formalización minera y minería ilegal.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú), anunció -a través de un comunicado- la convocatoria a una movilización nacional a partir del próximo lunes 23 de noviembre, para exigir la ampliación del Reinfo hasta el 2030.
La exigencia la hacen a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la República, en referencia a dos proyectos de ley que propone extender el proceso de formalización por un periodo de cuatro años, plazo que ese gremio considera suficiente para concluir dicho trámite.

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Fondo de remediación ambiental
Mientras esto va por su camino, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibió para su debate un proyecto de ley de Ahora Nación, que propone crear el Fondo para la Remediación Ambiental de los Daños Ocasionados por la Minería Ilegal e Informal (FORAMII).
Para el efecto, la iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo N° 1107 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal, así como del mineral obtenido en dicha actividad.

La propuesta busca que el importe que recaude la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por concepto de la venta o remate de bienes incautados a esa actividad ilícita o a la minería informal, sea transferido al fondo planteado.
La referencia es a la incautación de los productos mineros, equipos, maquinarias y medios de transporte utilizados para su traslado, que realice la Sunat cuando detecte la presunta comisión del delito de comercio clandestino de mineral.
Los recursos del fondo se destinarán al financiamiento de acciones de remediación ambiental en las zonas afectadas por la minería ilegal e informal, que serán priorizadas por un comité técnico del fondo a crear.
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El sustento de la propuesta
La propuesta se sustenta en que si bien la Ley General del Ambiente obliga a quien causa degradación, a restaurar, rehabilitar o reparar el daño, y si no es posible, compensar; en el caso de la minería ilegal el causante rara vez es identificable o solvente, dado que opera sin título, registro ni patrimonio a su nombre.
Recuerda además que, según la normativa vigente, el Estado asume la remediación cuando no puede identificarse al responsable. Actualmente esa remediación recae sobre la estatal Activos Mineros (AMSAC).
Pero, además, observa que el D.Leg. 1107 que ahora se quiere modificar, dispone que la venta de productos, maquinaria, y equipos y medios de transporte incautados, constituye ingreso propio de la Sunat, lo cual significa que el valor económico extraído de la minería ilegal no se reinvierte en la restauración de los ecosistemas y fuentes hídricas que esta misma actividad ha destruido.

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¿Quién debe pagar la remediación?
Según Luis Felipe Huertas del Pino, socio de Minería del Estudio Hernández & Cía., la propuesta tiene sentido, por cuanto nadie se está haciendo cargo de los daños ambientales que deja la minería ilegal, mientras que los bienes y recursos que se incautan a esa actividad van a un fondo común para gastos del Estado.
No obstante, señaló que el Tesoro Nacional no tiene ningún mecanismo ni gasto corriente para remediar los impactos ambientales, en tanto que la empresa estatal Activos Mineros, se encarga de la remediación de pasivos ambientales dejados en el pasado por la minería estatal y operaciones mineras formales.
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Sin embargo, para César Ipenza, especialista en derecho ambiental y minería ilegal, crear nuevas instituciones o fondos como propone el citado proyecto de ley, no necesariamente resuelve el problema, porque ya el Decreto Legislativo N° 1105 ha creado un fondo para el proceso de formalización de la pequeña minería y la artesanal.
Ese fondo, anotó, es administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y se alimenta de los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal.
Además, señaló que, según la Ley General del Ambiente, el responsable de un daño ambiental es quien debe asumir toda la remediación del impacto generado, y que, en este caso, son las autoridades las que deben identificar a quienes ejercen la minería ilegal para que sean ellos los que asuman el costo de remdiar el daño que ocasionan.

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.

