En audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC) representantes del Colegio de Abogados de Loreto sustentaron su pedido de inconstitucionalidad en contra de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por constituirse en un régimen de excepción de responsabilidad penal para quienes ejercen la minería ilegal.
En el debate que surgió en la audiencia, la parte demandada (el Ejecutivo y el Congreso) a través de sus respectivos procuradores, defendió el proceso de formalización y pidió se desestime la demanda. Tras escuchar a las partes, el pleno del TC señaló que queda al voto de sus miembros el tomar una decisión sobre el pedido de inconstitucionalidad.
Vale recordar que ya el 2025 el TC se había pronunciado ante un pedido similar de parte del mismo demandante, declarándolo improcedente por una cuestión procesal, aunque en su fallo dispuso que los poderes del Estado se abstengan de aprobar normas que otorguen excepciones de responsabilidad penal, en particular por delitos ambientales de los mineros en formalización.
Tribunal Constitucional ahora deberá tomar decisión en torno a demanda que declara inconstitucional prórroga del REINFO. (Foto: Andina)
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Nueva demanda
Posteriormente, en junio de 2026 el Colegio de Abogados de Loreto presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la quinta ampliación del REINFO y contra modificaciones al Código Penal que, sostiene, protegerían penalmente a quienes realizan minería ilegal, solicitud que el TC admitió en agosto último.
En la nueva demanda, se impugna la Ley 32537 -que prorrogó (por quinta vez) el proceso de formalización minera, esta vez hasta este 31 de diciembre-, así como el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695 que modificó disposiciones del Código Penal, referidos a la minería ilegal.
El citado artículo establece que la actividad minera es delito cuando se realiza sin autorización de autoridad competente y causa o puede causar daño al ambiente o la salud, y que alcanza a quienes las realizan encontrándose fuera del proceso de formalización minera.
Acusan al Ejecutivo de incumplir fallo
Samuel Abad, representante de la parte demandante, pidió al TC que haga cumplir su anterior fallo en la parte que dispuso que los poderes del Estado se abstengan de contemplar nuevas exenciones penales, y reclamó que el Ejecutivo lo habría incumplido al aprobar la quinta prórroga manteniendo la excepción penal a los mineros ilegales.
Además, señaló que no esperan que esa condición se modifique con la aprobación del proyecto de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE) que el Ejecutivo ha planteado al Congreso.
No hay expectativa de que proyecto de Ley MAPE vaya a poner fin a la minería ilegal (Foto: Andina)
En esa propuesta legislativa, el Gobierno propone crear un régimen excepcional de consolidación de quienes están en proceso de formalización, que estaría vigente hasta julio del 2028, y que estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Ley MAPE no resolvería el problema
Abad remarcó que la modificación al Código Penal que excluye de responsabilidad penal a quienes están en cualquier proceso de formalización no acaba el 31 de diciembre, cuando culmine la última prórroga del REINFO, porque se trata de una norma permanente.
Pero, además, cuestionó que el proyecto de ley MAPE haya propuesto que se siga manteniendo el régimen de formalización, a través del denominado régimen de consolidación, más allá del 2026, y dio a entender que ello podría permitir que siga operando impunemente la minería ilegal.
Conviene una precisión que el debate público suele omitir. Hablo de minería ilegal, no de pequeña minería. El discurso dominante mete a todos en la misma canasta, y el resultado es perverso. (Foto: GEC)
A su turno César Ipenza, también representante del Colegio de Abogados de Loreto, consideró que el proceso de formalización minera a través del REINFO estaría encubriendo la principal actividad criminal del país, la minería ilegal, que movilizó US$11,500 millones el 2025, y que este año se proyecta que podría mover hasta US$18,000 millones.
Recordó que el Perú produce cerca de 120 toneladas de oro cada año, pero que exporta más de 240 toneladas, y que se estaría usando el mencionado registro para “lavar” oro de origen ilícito, por parte de quienes no pueden ser procesados pese a que destruyen bosques y contaminan fuentes de agua.
Congreso defiende la norma
En tanto, Juan Carlos Prado, representante del Congreso, defendió la última prórroga del REINFO, señalando que procura coadyuvar a la formalización, en tanto que además dio plazo al Ejecutivo para presentar el proyecto de la nueva Ley MAPE, y facilitar la transición hacia un sistema que corrija los “cuellos de botella” que impiden avanzar en la formalización.
Entre estos últimos, mencionó que el 93% de los mineros que se encuentran en ese proceso, no ha logrado firmar contratos que le den derecho de explotación sobre las concesiones mineras, en tanto existen 29,580 expedientes de inscritos en el REINFO vigentes, que están a la espera de culminar su formalización.
Recordó que el proyecto ha ingresado a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y se ha aprobado tramitarlo con carácter de urgencia, en vista del plazo de vencimiento que estableció la Ley 32537 para la formalización minera.
Sin embargo, refirió que si se aprobara la demanda ante el TC cerca de 30,000 mineros con registro vigente en el REINFO pasarían automáticamente a la ilegalidad, y que no tendría sentido lo avanzado hasta ahora en ese proceso, y que no habría incentivo para diferenciar de los mineros en formalización de los ilegales.
Ejecutivo: excepción acabará con el REINFO
A su turno, Luis Huerta Guerrero, de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional del Ejecutivo, pidió que el TC declare improcedente la demanda, argumentando que ya venció el plazo para presentar impugnaciones contra la normativa que exime de responsabilidad penal a quienes estén registrados en el REINFO, dada hace seis años atrás.
Indicó que el “paraguas” de excepción de responsabilidad penal desaparecerá, cuando a su vez desaparezca el REINFO este 31 de diciembre, y que eso lo ha ratificado el Ejecutivo en su proyecto de la Ley MAPE.
Además, en caso de existir dudas sobre la aplicación de la legislación penal en este caso, Huerta Guerrero refirió que se podría plantear una modificatoria al proyecto planteado por el Ejecutivo.
Los abogados de la parte demandante invocaron al TC a emitir su fallo sobre esta nueva demanda antes del 31 de diciembre de este año, es decir antes que venza el plazo de la nueva prórroga al REINFO.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.