La minería ilegal, al menos en Pataz (La Libertad), tiene una frívola “estrategia” para continuar avanzando ante la ineficaz respuesta del Gobierno peruano: dinamitar la torres de alta tensión que abastecen de energía a la minera Poderosa, ubicada en dicha región; estropear la continuidad de su operación y así tratar de ahuyentarla de su concesión. Hablamos del segundo principal productor de oro del Perú.
La madrugada de este jueves 16 de enero, la minera Poderosa fue víctima de un nuevo atentado con el mecanismo descrito. Incluso, fue el segundo registrado en solo 96 horas, cuatro días. También en la madrugada del domingo 12 de enero se reportó el mismo lamentable escenario.
Pero, estos no son un hecho aislado. Primero, con este nuevo ataque, ya son 16 los atentados a las torres de alta tensión alrededor de su operación solo en los últimos cuatro años. A causa de las incursiones violentas de la minería ilegal, 18 colaboradores también perdieron la vida. A esto se suma que 25 galerías de Poderosa, los túneles de extracción de minerales, han sido tomado por mineros ilegales.
Los intentos de combatir a la minería ilegal llevaron a Poderosa, por ejemplo, a multiplicar en 10 veces su presupuesto de seguridad, pero este gasto se sostiene por el buen precio de los minerales, un aspecto que no es permanente.
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“Estamos verdaderamente muy preocupados por la espiral de la violencia. Ya hemos duplicado por 10 nuestros recursos para seguridad desde la pandemia. Disponemos de 1,300 guardias de seguridad, pero no es suficiente”, señaló Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, en diálogo con Gestión.
En este contexto, desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) realizaron un “llamado urgente” al Gobierno para que “haga primar el estado de derecho frente la ola de violencia” que se registra en diversas regiones del país sobre el sector minero y energético.
La SNMPE también arremetió contra la eficiencia de las declaratorias de emergencia en Pataz. Pese a la reciente renovación de dicho marco y la presencia de alrededor de 200 policías y efectivos del ejército, continúan los atentados.
“Es evidente que está fracasando porque siguen actuando con total impunidad con el propósito de convertirla [la concesión de Poderosa] en una ‘zona liberada’. La situación actual de Pataz está desbordada por la asonada criminal de los mineros ilegales”, señalaron.
Este diario recopiló que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde el 13 de febrero del 2024. Desde entonces, se promulgaron nueve decretos supremos con sus ampliaciones. El último fue a inicios de enero, disponiendo su ampliación hasta el 9 de marzo del 2025, aproximadamente. Cada uno estableció que la Policía Nacional del Perú (PNP) debía presentar informes al titular del Ministerio del Interior (Mininter) con las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Los atentados, dejando lamentables asesinatos, solo aumentaron.
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El frente policial
El distrito de Pataz está dentro de lo contemplado por el estado de emergencia desde hace 11 meses, pero no cuenta con una comisaría. Hoy, las más cercana son la de Chagual y Vijus, a una distancia de una hora aproximadamente en auto, cada una. Recientemente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, estimó que “en un par de meses” debería empezar a construirse un “frente policial”.
De la Flor detalló, precisamente, que este jueves por la tarde sostuvieron una reunión con el viceministro de Orden Interno, Cesar Guardia, en la que se reiteró la decisión de “sacar adelante” este frente policial, el cual tendrá contingentes de grupos y fuerzas especiales de la PNP para la lucha ante la minería ilegal.
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El vocero de la minera señaló que, actualmente, el terreno para este proyecto se encuentra en un proceso de saneamiento físico-legal. “Nosotros conseguimos el terreno. No hay muchos que cumplan con los requerimientos [para esta construcción]. Ahora lo estamos poniendo a disposición. Se está mutando de un tipo de comisaría a un frente policial”, comentó.
Este proceso se realizará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con cargo al Gobierno Regional de La Libertad. “Desde el año pasado, se viene discutiendo este proyecto. Ya iniciamos construcciones e instalaciones temporales. Estamos evaluando las necesidades que se van a requerir y la PNP tendrá que hacerse cargo de la gestión”, apuntó.
Presupuesto de minería ilegal en reducción
Una muestra del avance exponencial de la minería ilegal en el Perú la calcula el Instituto Peruano de Economía (IPE). Al 2024, los envíos de oro ilegal totalizarían casi US$ 6,840 millones, un 41% más en el 2023 y cinco veces el ritmo de crecimiento de las exportaciones generales.
En este contexto, Gestión identificó que, para este año, el presupuesto inicial del Mininter para la reducción de la minería ilegal, tanto en proyectos y actividades, ascendió a los S/63.1 millones. Este es un monto menor a los S/68.5 millones de recursos iniciales en el 2024 (-7.8%) y también a los S/79.6 millones de presupuesto final en dicho año (-20.8%)
La mayor cantidad de recursos, en este 2025, está destinados para la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, con más de S/43.6 millones, que ejecutará operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción. La segunda es la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la PNP, con S/14.6 millones.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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