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La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso (Codeco) tiene nuevos focos de interés. El grupo de trabajo, que antes estuvo centrado en el retiro de fondos de las AFP, ha dejado de lado el tema previsional y ahora busca regular -sobre todo- los servicios de telecomunicaciones y la banca.
Este Congreso ya aprobó 15 leyes que nacieron de la Codeco. De ellos, al menos cuatro apuntan a la banca y las telecomunicaciones, entre los que se incluye fijar tarifas por reconexión del servicio de telefonía, entre otros. Sin embargo, la mayoría de proyectos que hoy están en la agenda de la comisión carecen de sustento, según cinco abogados consultados por Gestión.
Contraproducentes
En el actual periodo legislativo (2022-2023) hay ocho proyectos de ley dentro de la Codeco para regular el sector financiero y a las ‘telcos’. Para la banca, cuatro buscan eliminar comisiones: los cobros por transferencias en general, por transferencias interplaza (entre diferentes regiones), por pago de tarjetas de crédito entre distintos bancos y también las membresías de estos plásticos.
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Este paquete fue propuesto entre agosto del 2022 e inicios de marzo de este año. Algunos puntos se superponen entre proyectos. Los autores son Sigrid Bazán (Juntos por el Perú), Wilson Soto (Acción Popular), Carlos Alva (Acción Popular) y Digna Calle (Podemos Perú). Esta última es vicepresidenta de la comisión.
El problema con las propuestas para erradicar las comisiones de transferencias es que podrían trasladar los costos de la eliminación a los consumidores. “Se están dejando llevar por la tribuna. En la banca hay plataformas interconectadas para transferir el dinero de un banco a otro. Cada entidad invierte en mejorarlas. Esos gastos se buscan recuperar a través de las comisiones. Al eliminarlos, los bancos no tendrán incentivos para mejorar”, sostiene José Gonzáles, socio del Estudio Diez Canseco.
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Para Dario Bregante, gerente senior de regulación financiera y fintech de EY Law, estos proyectos desconocen el mercado financiero. “Hay un sesgo que demuestra falta de educación financiera. No reconocen que las comisiones por transferencia no son beneficios exclusivos del banco, sino un reconocimiento de gastos que realizan para realizar las operaciones”, afirma.
Sobre la eliminación de las membresías de las tarjetas de crédito, Mario Zúñiga, Líder de Competencia y Mercados de EY Law, opina lo siguiente: “Sus premisas no están bien sustentadas. No hay una falla de mercado que lo justifique. Muchas veces, estos costos de membresía se terminan negociando. Para mí no es un cobro sin sustento como para cancelarlo”.
Hay otro proyecto para el sector financiero que merece atención. Es de Digna Calle y propone que, luego de que una persona sufre un robo, solo se puedan bloquear los aplicativos móviles de los bancos en el celular y no las tarjetas perdidas. Esto -se supone-, para que los bancos no cobren por reponer los plásticos. El problema es que podría generar el robo de montos mayores.
Tras las ‘telcos’
La misma situación se da con las telecomunicaciones. La comisión ya tiene dos proyectos aprobados en el Pleno –a espera de autógrafa– para prohibir las llamadas spam. Una iniciativa razonable. Otras, según los abogados consultados, no lo son tanto.
Hay proyectos que buscan establecer la acumulación de megas y minutos, autorizar la compensación por interrupción del servicio y prohibir la venta de servicios de telefonía en la vía pública en la Codeco.
El proyecto para acumular megas y minutos sería técnicamente inaplicable, asegura Carlos González Prada, asociado principal experto en telecomunicaciones de PPU. “Si impones esa condición a las empresas, podrías generar problemas en su capacidad de red, porque ellos proponen su oferta y tarifas según lo que pueden dar. Puede que sus redes no soporten el uso intensivo”, dice. Una opinión semejante emitió Osiptel, el regulador del sector.
Para el socio principal del Estudio Muñiz, Pierino Stucchi, además no será útil. “Su discusión está desfasada. Ya existe en el mercado una gran cantidad de planes con Internet ilimitado. Acumularlos no tendría lógica”, explica.
Panorama similar se da en las compensaciones por interrupción del servicio. “La empresa tendría que probar que el servicio se interrumpió justificadamente. Parece positivo, pero en el fondo establece sobrecostos, porque las empresas trasladarían la necesidad de litigar para evitar que dejen de pagarles”, dice Stucchi.
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González Prada, de PPU, aclara que Osiptel ya cuenta con directrices para exigir que los operadores devuelvan o no cobren periodos de servicio interrumpido. Están en el artículo 37 de la Norma de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Buena parte de las observaciones señaladas por los abogados consultados por Gestión son las mismas que Osiptel y la SBS han formulado a Codeco, según dejan saber los expedientes de los proyectos.
Legislar por legislar
La Codeco es un reflejo de la producción legislativa excesiva e injustificada del Congreso entero, coinciden los abogados. “El común denominador es ser bomberos que reaccionan ante incendios que aparecen y pretenden solucionar todo con normas, cuando no todo se cambia vía ley”, asegura Gonzáles, del Estudio Diez Canseco.
Para Stucchi, los congresistas creen que cantidad es igual a calidad. “Siempre destacan la cantidad de leyes al difundir su actividad. Creen que generar nuevas normas es un indicador de eficiencia y buen trabajo. No se dan cuenta que puede generar permanente inestabilidad de reglas”, sostiene.
Una salida a la excesiva proliferación normativa sería crear la tantas veces mentada Oficina de Estudios Económicos del Congreso, para mejorar los análisis costo-beneficio de los proyectos, según Zúñiga. También implementar más filtros antes de que lleguen al Pleno, afirma.
Gestión intentó contactar a Elías Varas y Adriana Tudela, presidente y secretaria de Codeco, pero no respondieron al cierre de esta edición.
Proyecto del presidente de Codeco también es cuestionado
Para el periodo 2022-2023, el presidente de Codeco, Elías Varas (Perú Bicentenario), prometió la creación de una ventanilla única del consumidor dentro de la plataforma Mejor Atención al Ciudadano (MAC), a cargo del Ejecutivo. Este espacio recibiría de manera virtual y física todos los reclamos de los consumidores para luego derivarlos a los órganos internos de los organismos reguladores de cada sector.
La iniciativa del médico ginecólogo llegó a ser aprobada por el Congreso, pero su autógrafa ha sido observada recientemente por el Ejecutivo alegando falta de justificación y necesidad.
Para abogados consultados por Gestión, generaría una burocracia innecesaria que alargaría el recorrido del consumidor para obtener soluciones a sus reclamos. “Estás generando 3 pasos en algo que se podría hacer tranquilamente en uno”, dice Gonzáles, del Estudio Diez Canseco.
“Es un ejemplo claro de sobreregulación contraproducente. Establecer nuevos canales, cuando el ciudadano ya tiene claro cuáles son necesarios para reclamar es lamentable”, complementa Stucchi del Estudio Muñiz.