:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/KSZKQFVZ75FZ3PY2IBAF3PUMCE.jpg)
El plan del Gobierno de Chile de imponer un canon minero elevaría la carga fiscal para los productores de cobre a una de las más altas del mundo, lo que reduciría los retornos y frenaría las inversiones, según CRU Group.
La propuesta presentada el lunes por el Gobierno elevaría la tasa impositiva efectiva promedio para las grandes minas a 50% en el 2024 y a un promedio de 59% para el período 2024-2040, dijo la consultora en un informe de investigación distribuido el viernes. Eso se compara con un 37% si se mantiene el régimen actual y con un 43% bajo una propuesta presentada previamente en el Congreso.
La disminución de los flujos de efectivo como resultado de impuestos más altos reduciría el valor de la industria en un 27%, lo que agregaría incertidumbre a las decisiones de inversión necesarias para ayudar a llenar una brecha de suministro global de 5.1 millones de toneladas métricas de cobre primario necesarias para el 2030, según las proyecciones de CRU.
Mientras que Chile tiene las reservas de cobre más grandes del mundo, la calidad del mineral ha ido cayendo constantemente, lo que significa que las minas necesitan procesar más volumen para producir la misma cantidad, elevando los costos.
”Esto sin duda generará cambios en los portafolios de inversión de las empresas mineras y de nuevos proyectos”, escribió CRU. “El ya prolongado proceso de discusión de este nuevo royalty agrega incertidumbre al mercado del cobre”.
El proyecto de ley incluye un impuesto ad valorem de 1% a 2% para empresas que produzcan entre 50,000 y 200,000 toneladas de cobre al año y de 1% a 4% para aquellas que produzcan más de 200,000 toneladas.
Un segundo componente es una escala móvil sobre las ganancias de entre 2% y 32%, dependiendo de los precios del cobre. De aprobarse, los cambios entrarían en vigor parcialmente en el 2024 una vez que expiren los contratos de estabilidad fiscal.
