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Si bien en algunos países de la región ya avanza la exportación de litio, en el Perú aún está en fase de exploración el proyecto de la canadiense American Lithium para la futura explotación de ese metal en Puno, pero desde el oficialismo la apuesta es nacionalizar esa actividad.
El grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, afín al presidente Pedro Castillo, presentó este miércoles un proyecto de ley que nacionaliza el litio, al considerarlo un recurso estratégico, así como sus derivados.
¿Qué propone la iniciativa parlamentaria?
El proyecto, presentado a iniciativa del congresista Pasión Dávila Atanacio, propone la nacionalización del litio con la finalidad de que la exploración, la explotación, la industrialización y la comercialización de ese mineral esté a cargo del Estado peruano.
Para tal efecto, esta iniciativa legal plantea autorizar al Estado a desarrollar actividad empresarial al amparo del artículo 60 de la Constitución política del Perú, que señala que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.
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Vale recordar que la nacionalización del litio es un camino que han seguido otros gobiernos de izquierda en la región. Por ejemplo, Bolivia lo hizo el 2008, cuando Evo Morales intentó controlar toda la cadena con la idea de crear fábricas de baterías y hasta autos eléctricos, pero sin lograrlo, y ahora el gobierno de Luis Arce busca alianzas con privados extranjeros para despegar el negocio. En México el presidente Manuel Andrés López Obrador anunció la nacionalización de ese recurso este año, y lo propio lo hizo el presidente de Chile, Gabriel Boric, que anunció la creación de una empresa nacional del litio.
¿A qué se dedicarían los recursos que genere el litio?
El proyecto de ley además indica que los recursos económicos provenientes del litio y sus derivados estarán orientados a garantizar el desarrollo homogéneo de todas las regiones del país, de las comunidades campesinas y nativas y a fortalecer el sistema de defensa interna y externa de la nación.
Argumenta que el litio es un recurso estratégico y que su aprovechamiento, así como el de sus derivados es de alto interés público y de manifiesta conveniencia nacional, al amparo de lo establecido en el artículo constitucional antes mencionado.
Sostiene, además, que este proyecto de ley no acarreará gastos adicionales en el presupuesto del sector público, es decir no generaría ningún costo al erario nacional y por el contrario contribuirá al fortalecimiento del rol del estado como ente regulador y productor de un mineral que es de capital importancia para el futuro del país.
Esta iniciativa de la bancada oficialista generó opiniones contrarias por parte de diversos actores en el sector minero.
Llevaría a la expropiación del proyecto
Para el ex viceministro de minas del Minem, Rómulo Mucho, esta propuesta del grupo parlamentario allegado al presidente Castillo buscaría la expropiación de la concesión minera que opera American Lithium para la futura explotación de los yacimientos de litio en Puno.
Cabe señalar que la citada compañía está desarrollando aún la fase de exploración en su proyecto Falchani, en la zona Macusani, al norte de la región Puno, y actualmente está elaborado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que esperan se apruebe entre abril y junio de 2023.
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Los planes de la empresa son, luego que se apruebe el EIA, comenzar la construcción de la mina en el primer trimestre del 2025, para iniciar la producción del metal blanco a fines de ese año o inicios del 2026.
En esa línea, el ex viceministro Mucho consideró que es un error proponer y buscar alguna expropiación de la concesión para la explotación de litio para entregársela al Estado, sobre todo cuando ni siquiera se conoce a ciencia cierta el potencial de litio que contiene el yacimiento en esa zona del altiplano.
“(Como aún no culmina la fase de exploración) no se sabe si hay 2 o cuatro millones de toneladas de carbonato de litio que se podrían explotar”, mencionó el especialista.
Malos antecedentes del Estado empresario
Además, consideró que sería un fracaso el nacionalizar los yacimientos de ese mineral, debido a que el estado ha demostrado que no hace bien las cosas y, por el contrario, planteó más bien que el Estado facilite que la empresa avance con su proyecto, dado que otros países de la región ya están avanzando con su exportación.
A su turno, Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuestionó la iniciativa del Bloque Magisterial, señalando que en su vida han operado una compañía, y no tienen la menor idea de lo que están proponiendo.
“Las empresas públicas son un desastre, la administración pública es un desastre si no puede manejar los hospitales y los colegios, ni una empresa como Petroperú, menos van a poder competir con las empresas privadas (en manejar una mina)”, fustigó.
“Que los de la rama magisterial que hacen esta propuesta aprendan primero a manejar los colegios y después que pretenden manejar alguna operación minera”, aseveró.
Recordó por ejemplo que la mina Cerro Verde fue una empresa del estado que estuvo con una operación pública muy mal manejada y que ante la incapacidad del estado para operarla se privatizó en el año 1994.
“El proceso de privatización atrajo a un solo postor, pero este único convirtió un yacimiento miserable en la magnífica operación que es Cerro Verde actualmente”; pero, eso requiere capitales, requiere talento, requiere gestión empresarial, y no una manga de profesores analfabetos que no saben manejar una organización”, criticó.
