La Comisión de Comercio Exterior del Congreso puso en agenda para su debate –entre otros- dos proyectos de ley para prorrogar y extender los beneficios tributarios dados para el sector turismo durante la pandemia, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresó su oposición a los mismos.
Una de las iniciativas plantea que la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 10%, que se había dado para el periodo entre agosto del 2022 al 31 de diciembre del 2024 a favor de los operadores de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, se prorrogue hasta el 31 de diciembre del 2026.
Más aún, propone que entre los beneficiarios de esa reducción del impuesto se incorpore en adelante, adicionalmente, también a transportistas del servicio turístico y a agencias de viaje y turismo.
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Medida provisional
Vale recordar que ese beneficio tributario se dictó como medida provisional para que las empresas del sector turismo pudieran enfrentar la grave crisis económico y financiera que les originó la paralización social a raíz de las medidas restrictivas que dictó el Gobierno para enfrentar el Covid-19.
El otro proyecto de ley en mención propone una exoneración del IGV a las agencias de viaje y de transporte terrestre de turistas nacionales.
Ambas iniciativas recibieron días atrás opinión favorable del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
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MEF le saca tarjeta roja
Sin embargo, en sesión de la citada comisión realizada este miércoles, representantes del MEF indicaron que la posición de ese sector es en contra de ambas propuestas legales.
Durante la sesión, Marco Camacho, especialista en materia tributaria del MEF, indicó que, en el caso del primer proyecto, la reducción de la tasa del IGV al 10% no ha dado los resultados esperados, que eran favorecer a las pequeñas empresas del sector turismo, generar empleos en ese rubro y bajar los precios de sus servicios.
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No benefició a quien debía
Explicó que, cuando se dio ese beneficio tributario, se esperaba favorecer a 130,000 empresas del ramo, pero no se tuvo en cuenta que más del 50% de ellas no pagan IGV, al ser contribuyentes comprendidos bajo el Régimen Único Simplificado (RUS).
Así, en la práctica, anotó, resulta que solo unas 28,000 empresas de mayor tamaño, son las que han resultado beneficiándose de esa reducción impositiva, y que barca al 22% de los restaurante y hoteles comprendidos en la norma, pero que, además, no han bajado los precios de sus servicios, como se podía esperar.
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Impacto en recaudación
Sin embargo, Camacho refirió que ya el año pasado, la reducción de la tasa del IGV al 10% para ese rubro, ha significado una pérdida fiscal de S/743 millones.
Además, estimó que, si los dos proyectos de ley en mención se aprobaran (con la exoneración antes mencionada que plantea uno de ellos) significaría una pérdida estimada en S/1,200 millones para el año 2025.
En esa línea, concluyó en que no se justifica una prórroga en la rebaja de la tasa del IGV, ni tampoco su exoneración, pues el beneficio otorgado hasta ahora ha demostrado que no se trata de una medida eficaz ni eficiente, sino una medida ciega, pues no favorece a los que se esperaba beneficiar.
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