Aún cuando la frecuencia con la que se producen conflictos sociales a nivel nacional se ha ido desacelerando en el Perú, registrándose a agosto la cifra más baja de los últimos 12 meses, el gasto que ha previsto el Gobierno para enfrentar protestas sociales para el 2025 se ha incrementado de manera considerable.
De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a agosto del 2024, en el Perú se registraban 157 conflictos sociales activos, mostrando una tendencia declinante continua a lo largo del año, desde los 176 casos que se registraban entre septiembre y octubre del 2023.
De ese universo, la mayoría (110 casos) corresponden a conflictos socioambientales activos y latentes, y el 60.9% están vinculados a la actividad minera, seguidos por los vinculados a actividades de hidrocarburos, con el 27.3%.
El reporte indica que, aunque había 15 casos de conflictos que estaban escalando, en ese mes había otros 39 que estaban en proceso de desescalamiento, y 87 en fase de diálogo.
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Más gasto para control de movilizaciones
Pese a ello, en el proyecto de ley de presupuesto público para el año 2025, el Gobierno ha planteado un incremento importante en el gasto destinado al control de protestas y movilizaciones sociales.
Esto último lo advirtió la ONG CooperAcción, en referencia al programa presupuestal 0139: Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilización Sociales Violentas que Alteran al Orden Público.
Observó que para ese programa se asignarían S/ 1,125 millones para el año entrante, el cual, comparado con los S/ 682.9 millones contenidos en su presupuesto institucional de apertura (PIA) del año 2024, significa un incremento de 64.72%.
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Control de disturbios
En detalles, por ejemplo, el gasto en “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles” a nivel nacional, la propuesta contempla un monto de S/ 145.3 millones, lo que significa una disparada de 3,780% si se lo compara con los S/3.7 millones destinados a ese fin el 2024.
Además, indica la ONG, el monto para el producto “Intervención de la procuraduría en la defensa de los intereses del Estado cuando se atenta contra el orden público”, se habría incrementado en un 12%.
En cuanto a otros proyectos contenidos en el citado programa, refiere, se identificó que en el proyecto de presupuesto 2025 habría cuatro adicionales a los presentados en la Ley de Presupuesto Público 2024, los cuales en agregado alcanzan poco más de S/324 millones, y que comprenden la adquisición de equipos policiales y de asalto, vehículos, etcétera.
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Diálogo
Al respecto, José de Echave, investigador de CooperAcción, indicó que les preocupa que el Gobierno esté priorizando el gasto para enfrenar la conflictividad social con mecanismos represivos, y no se emplee en forma adecuada los mecanismos de diálogo.
“Eso (el incidir en mecanismos de diálogo) sería lo ideal, es decir un Estado que tenga la capacidad de estar presente en los territorios, con una lógica más de prevención, y no que sea tan reactivo”, anotó.
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Corredor minero
La sensación que se tiene, afirmó De Echave, es que se está priorizando mecanismos que cada vez que ha habido estallidos sociales no han funcionado, y citó como ejemplo hoy en día gran parte del corredor minero del sur sigue en estado de emergencia.
Esa zona, anotó, vive en una situación permanente de estado de emergencia, pero se recorta derechos que tienen poblaciones a movilizarse, reunirse, a desarrollar sus actividades plenamente. “Si un país una herramienta excepcional la usa en forma permanente, claramente no está demostrando capacidad para enfrentar los conflictos”, fustigó.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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