La inteligencia artificial (IA) permite a las empresas crear imágenes publicitarias sin necesidad de realizar sesiones fotográficas o producir escenarios reales. Desde restaurantes que muestran sus platos hasta inmobiliarias que promocionan departamentos, esta tecnología ofrece nuevas posibilidades para presentar productos y servicios a los consumidores.
Sin embargo, su utilización también plantea interrogantes. ¿Qué ocurre cuando una imagen generada con IA muestra características que el producto realmente no tiene? ¿Puede una empresa promocionar ambientes inexistentes o presentar versiones idealizadas de sus productos? Y, sobre todo, ¿está obligada a advertir al consumidor que las imágenes fueron creadas artificialmente?
¿Es obligatorio advertir el uso de IA?
Actualmente, una empresa puede utilizar imágenes generadas con inteligencia artificial en sus anuncios sin necesidad de colocar una advertencia que identifique su origen. La legislación peruana no establece una obligación general de etiquetar este tipo de contenido publicitario, según coincidieron los especialistas consultados.
Aunque la Ley 31814 (La ley de inteligencia artificial) y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 115-2025-PCM, incorporan el principio de transparencia, las disposiciones sobre etiquetado visible están vinculadas a determinados sistemas de IA de alto riesgo y no constituyen una exigencia general para las campañas comerciales, explicó Verónica Vergaray, socia de PPU.
Lo particular es que una obligación de identificación sí estuvo contemplada durante la elaboración del reglamento. María Isabel Alvarado Cáceres, asociada senior de Garrigues, recordó que el proyecto incluía el etiquetado visible de imágenes y videos generados con IA, pero esta disposición no fue incorporada en la versión finalmente aprobada.
La ausencia de una obligación de etiquetado, sin embargo, no significa que las empresas puedan utilizar cualquier representación. Los abogados señalaron que el Decreto Legislativo 1044 (Ley de Represión de la Competencia Desleal) establece el principio de veracidad, que prohíbe difundir publicidad capaz de inducir a error sobre las características, beneficios o condiciones de los productos y servicios.
En consecuencia, la discusión jurídica se traslada de cómo se elaboró una imagen a qué información transmite al público.
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¿Cuándo una imagen puede ser engañosa?
La diferencia está en el mensaje que transmite la imagen. Los especialistas explicaron que un escenario fantasioso o decorativo no supone necesariamente una infracción, pero sí podría existir un problema cuando se muestran características que el producto realmente no tiene.
Jossimar Jiménez, asociado del Estudio Olaechea, planteó el caso de una marca de ropa que utiliza IA para mostrar prendas con materiales o acabados distintos a los reales. Lo mismo podría ocurrir con restaurantes que promocionan platos diferentes a los que sirven.
En el sector inmobiliario, Alvarado recordó que Indecopi ha sancionado a proveedores por anunciar ambientes o áreas recreativas que finalmente no fueron entregados, un riesgo especialmente relevante en la venta de proyectos futuros.
Este criterio también aparece en la Resolución 0129-2026/SDC-INDECOPI, destacada por Vergaray. En ese caso, la autoridad analizó un producto cuyo empaque mostraba un relleno de crema de maní mucho más abundante que el real y concluyó que incluso las imágenes referenciales pueden transmitir información objetiva sujeta al deber de veracidad.
No obstante, los especialistas precisaron que la publicidad admite cierto embellecimiento visual. Alvarado añadió que colocar advertencias no necesariamente evita una infracción, pues estas no pueden corregir un mensaje principal engañoso.

No es necesario demostrar que alguien fue engañado
Una particularidad de las reglas sobre publicidad engañosa es que no resulta indispensable demostrar que una persona compró un producto debido a una imagen que no correspondía con la realidad, según coincidieron los tres especialistas.
El artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 contempla los actos que tienen como efecto real o potencial inducir a error. Por tanto, el análisis no se limita a comprobar si hubo consumidores perjudicados, sino también a determinar si el anuncio tenía la capacidad de generar una percepción equivocada.
Vergaray mencionó la Resolución 002-2026/CCD-INDECOPI, en la que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal señaló que no es necesario que las visualizaciones o interacciones con una publicidad se traduzcan inmediatamente en compras efectivas.
Para evaluar estos casos, Jiménez consideró necesario analizar el contexto de difusión, el mensaje transmitido y la interpretación que razonablemente podría realizar el público destinatario.
Además, las consecuencias pueden presentarse en dos ámbitos distintos. Alvarado explicó que una publicidad engañosa puede constituir un acto de competencia desleal por sus efectos en el mercado y, al mismo tiempo, generar contingencias bajo las normas de protección al consumidor frente a personas determinadas.
Así, el hecho de que una imagen haya sido creada mediante inteligencia artificial no modifica el estándar de evaluación: lo relevante sigue siendo su capacidad para inducir a error.
Responsabilidades y posibles sanciones
El uso de inteligencia artificial también plantea interrogantes cuando las campañas son desarrolladas por agencias externas. Los especialistas coincidieron en que una empresa no queda liberada de sus obligaciones como anunciante por contratar a un tercero para elaborar sus anuncios.
El artículo 23.1 del Decreto Legislativo 1044 establece que la responsabilidad administrativa por actos de competencia desleal cometidos mediante publicidad corresponde al anunciante.
Vergaray explicó que esta regla impide trasladar dicha responsabilidad a una agencia por el solo hecho de haber elaborado las imágenes.
No obstante, existen supuestos en los que el contenido creativo puede generar responsabilidades adicionales.
Alvarado señaló que una agencia podría compartir responsabilidad en determinadas infracciones relacionadas con piezas ofensivas o discriminatorias, por ejemplo, cuando el problema se origine en el contenido que estuvo a su cargo.
Por ello, los abogados recomendaron que las empresas revisen las piezas publicitarias antes de difundirlas y delimiten contractualmente las obligaciones de los anunciantes y las agencias para prevenir controversias.
Las consecuencias económicas pueden ser significativas. De acuerdo con los especialistas, el Decreto Legislativo 1044 contempla multas de hasta 50 UIT para infracciones leves, 250 UIT para graves y 700 UIT para muy graves, además de amonestaciones en determinados supuestos. Las multas están sujetas a los límites legales correspondientes, incluido el vinculado a los ingresos brutos del infractor.

¿Se necesita una regulación especial?
Aunque las normas actuales permiten sancionar la publicidad engañosa generada con IA, los especialistas tienen posiciones distintas sobre la necesidad de establecer nuevas obligaciones.
Vergaray considera que la legislación vigente es suficiente, pues permite evaluar los anuncios independientemente de la tecnología utilizada. Jiménez, en cambio, propone una regulación especial que identifique las conductas sancionables y brinde mayor seguridad jurídica a las empresas.
Alvarado recordó que durante el Congreso anterior se presentaron proyectos para exigir la identificación de contenidos generados con IA. Si bien destacó la ventaja de contar con una legislación tecnológicamente neutra, no descartó que el Perú avance hacia reglas más específicas.
Por ahora, los especialistas no han identificado resoluciones de Indecopi que sancionen específicamente imágenes publicitarias generadas con IA. Sin embargo, los criterios existentes sobre publicidad engañosa permiten evaluar este tipo de controversias.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.

