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Los trabajadores del Estado presentaron pedidos al Ejecutivo por un total de S/ 99,944 millones mediante pliegos de reclamo de negociación colectiva, según el Informe Final del Estado de la Administración Financiera del Sector Público (ver tabla). De aprobarse lo solicitado por los trabajadores del Estado, sus disposiciones empezarían a aplicarse en el 2023.
Dichos pedidos se realizaron entre abril del año pasado y el 30 de enero del 2022 en el marco de la nueva ley de negociación colectiva en el sector estatal (Ley 31188), la cual permite a los trabajadores del Estado negociar de manera colectiva aspectos con incidencia económica, algo que no se podía hacer anteriormente, salvo mediante arbitrajes o huelgas.
El 89% del monto solicitado proviene del gobierno descentralizado, es decir, de los gobiernos locales, regionales y ministerios sectoriales. Cabe recalcar que el 81% del total de la demanda con incidencia en la caja fiscal proviene de los trabajadores de los ministerios de Salud y de Educación.
Problema
Lo solicitado por los trabajadores del Estado se enfrenta a un problema: el espacio de gasto con el que cuenta el Ejecutivo.
La Ley 31188 señala que toda negociación colectiva debe hacerse garantizando la “viabilidad presupuestal” del acuerdo final.
Al respecto, el informe publicado por el Gobierno señala que existe un “espacio fiscal” de solo S/1,002 millones para el año 2023.
Las negociaciones solo podrán generar un gasto adicional en el marco del monto del Espacio Fiscal y de los recursos de las propias entidades negociantes.
Es decir, es posible que Estado no cuente con el presupuesto para abordar las demandas de sus trabajadores. Debido a ello, es probable que pocas negociaciones terminen en acuerdos, por lo que terminarían en arbitrajes.
Frente a dicho supuesto, Juan José Martínez, expresidente de Servir, indicó que “los árbitros pueden hacer caso omiso a las recomendaciones del MEF y fallar a favor de lo que consideran pertinente. Antes, municipalidades ya han quebrado porque, aunque se demostraba que el Estado no podía afrontar el gasto que significaba el aumento solicitado, los árbitros igual les daban la razón a los trabajadores”.
“Más allá del monto solicitado y si es alto o no, tenemos que ver la capacidad fiscal del Estado y, con lo que ya ha dicho el Consejo Fiscal anteriormente, yo tengo mis dudas de que el Estado pueda afrontar estos costos”, agrega Martínez.
Calidad del gasto
Además, cuestionó que los incrementos solicitados no vengan a cambio de una mejora en los estándares de los trabajadores, en la gestión de gasto o en el servicio prestado por las entidades.
“La antigua norma que propuso Servir establecía que el incremento en remuneraciones o beneficios debía ir acompañado de un mejoramiento tangible. Con la norma actual solo es una caja de gasto más”, explica.
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señala, sin embargo, que la situación actual es mejor que la que se tenía anteriormente, ya que ahora las entidades pueden dar una contraoferta como alternativa y los árbitros pueden decidir ir por esta, algo que no se daba antes, cuando se debía elegir entre “la propuesta de los trabajadores o la nada”.
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EN CORTO
- Norma. En el 2020 se publicó el Decreto de Urgencia 014, que estableció que toda negociación colectiva en el Estado debía acatar un informe del MEF que viera su viabilidad económica. Dicha norma fue derogada y reemplazada por la Ley 31188, la cual solo exige que tenga “viabilidad presupuestal”.
