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Este 15 de diciembre vence el plazo para el pago de las gratificaciones, beneficio correspondiente al periodo julio-diciembre del 2020.
Este pago, equivalente a un poco más de una remuneración mensual, es obligatorio para los trabajadores en planilla de las medianas y grandes empresas. En el caso de las pequeñas empresas, el pago es la mitad.
No obstante, debido al impacto económico por el COVID-19, algunas empresas pueden tener problemas de liquidez, por lo que podrían acordar con sus trabajadores tomar ciertas medidas de alivio.
Así, podrían acordar la postergación o fraccionamiento de este pago, señalaron abogados laboralistas consultados por Gestión.pe.
César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, explicó que el panorama de las empresas se podría agrupar en dos grupos: por un lado las medianas y grandes empresas, y por otro las pequeñas empresas.
Para el caso de las pequeñas empresas, el Ejecutivo emitió en mayo el Decreto Legislativo Nº 1499, el cual les permite a este tipo de empresas fijar una reprogramación de las deudas sociolaborales generadas durante el Estado de Emergencia por el COVID-19.
El DL Nº 1499 permite fijar un plan de recuperación, donde las deudas sociolaborales se pagarán en un periodo máximo de doce meses.
Entonces, las pequeñas empresas pueden llegar a un acuerdo con sus trabajadores para acogerse a esta medida y establecer un plan de pago fraccionado de las gratificaciones, refiere Puntriano.
La situación es más complicada para las medianas y grandes empresas, pues el DL Nº 1499 no está dirido a ellas y la legislación laboral establece que el plazo del pago de las gratificaciones es impostergable.
“No obstante, debido a la actual coyuntura extraordinaria, las empresas medianas y grandes con problemas de liquidez podrían también buscar un acuerdo con sus trabajadores para diferir o postergar el pago de gratificaciones. Aunque hay el riesgo de que el acuerdo sea desconocido por Sunafil, en caso de una fiscalización, y le aplique una multa”, refirió.
Sobre la existencia de este riesgo coincidió Percy Alache, director del Área Laboral de PwC. Y por ello subrayó que el acuerdo debe quedar por escrito, donde se indique claramente que el motivo es por los problemas económicos. “En esos casos, lo que están haciendo las empresas es realizar el pago en tres armadas”, apuntó.
Además, Alache remarcó que la empresa debe estar lista, en caso de fiscalización, para sustentar técnicamente que su actual nivel de ingresos no les permite cumplir, por ahora, con el pago de las gratificaciones.
Esto para evitar que algunas empresas que sí cuentan con los recursos suficientes, quieran postergar el pago de las gratificiaciones. “Si no hay motivos económicos, sería un fraude de la empresa”, anotó Alache.
Finalmente, Puntriano refiere que otra salida podría ser que el Ejecutivo emita un nuevo decreto donde extienda a las medianas y grandes empresas la posibilidad de postergar o fraccionar el pago de las gratificaciones.
