Derechos de trabajadores informales son un problema político

Ejecutivos de Uber Technolgies Inc., Lyft Inc. y DoorDash Inc. han calificado la decisión de California como un plan para futuras peleas, mientras los estados de todo el país analizan el futuro de los derechos de los trabajadores.

Las compañías incluso han creado un nuevo grupo de defensa nacional para dar forma a las discusiones políticas. Eso significa que los votantes y los legisladores electos podrían ser llamados cada vez más para determinar los derechos laborales de los conductores de Uber y los correos de DoorDash.

Sin embargo, un grupo que no tendrá voz y voto son muchas de las personas que realmente conducen y hacen entregas. Es mucho más probable que los trabajadores de la economía informal sean inmigrantes que el resto de la población. El resultado es que algunos no pueden votar sobre las disputas políticas que decidirán cada vez más su situación laboral.

Según una estimación, hasta un tercio de los conductores que trabajan como contratistas independientes podrían no ser elegibles para votar. James Parrott, director de política económica y fiscal del Centro para Asuntos de la Ciudad de Nueva York, asegura que en muchas ciudades importantes como Nueva York, el alto número de conductores que son inmigrantes y el número de aquellos que no son ciudadanos significa aproximadamente el 30% no podrá emitir su voto, ya sea directamente para la votación o para apoyar a candidatos políticos que reflejen sus puntos de vista.

“Eso es bastante alto”, dijo Parrott. “Existe un riesgo significativo de privación de derechos”.

Tonje Ettevol es una de esos trabajadores. Conductora desde el 2014, Ettevol ha trabajado tanto con Uber como con Lyft, y se opuso a la Propuesta 22 de California, que agregó algunos beneficios para los trabajadores informales, pero también consolidó su condición de contratistas independientes.

“Lo único que es independiente de lo que hacemos es cuándo y dónde iniciamos y cerramos sesión”, dijo, calificando la forma en que se presenta la medida en la boleta electoral como “engañosa”.

En el período previo a las elecciones, Ettevol pasó horas los lunes llamando y enviando mensajes de texto a los conductores, instándolos a votar “no” a la propuesta y sugiriendo que soliciten a sus pasajeros que hagan lo mismo. Pero como ciudadana noruega con solo una tarjeta verde, no pudo votar en contra.

La población de conductores que son inmigrantes varía ampliamente según el mercado, pero en todo Estados Unidos muchos han optado por conducir como trabajo. En Nueva York, el 90% de los conductores de viajes compartidos son nacidos en el extranjero, según un estudio del 2018 realizado por Parrott y un profesor de la Universidad de California, Berkeley.

En Seattle y el condado de King, descubrieron que la cifra era del 72% en el 2020. Y en San Francisco, el 56% de los trabajadores de transporte compartido y de reparto no son originarios de EE.UU., según un informe de la Universidad de California, Santa Cruz, a principios de este año.

El estatus de ciudadanía de los trabajadores de las aplicaciones “limita en gran medida su capacidad de tener voz en una iniciativa electoral como la Propuesta 22”, asegura María Figueroa, directora de investigación laboral y de políticas en el Instituto de Trabajadores de la Universidad de Cornell. “Diría que esto fue un factor en California y que se desarrollará en otros mercados como Nueva York, Chicago, Boston y otros”.

Hay mucho en juego para los futuros votos y la legislación en torno a los trabajadores de la economía informal, que se estima representan aproximadamente el 1% de la población activa incluso antes de la pandemia. Dichos trabajadores tienen más probabilidades que el resto de la población de enfrentar dificultades financieras.

En San Francisco, el 30% de los conductores informan que duermen en su automóvil, según un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz. Y en Nueva York, el 18% califica para cupones de alimentos, casi el doble de la tasa general de los trabajadores de la ciudad de Nueva York.

“Muchos de mis colegas estaban bastante alarmados de que tanta gente estuviera desprotegida” por la ley laboral, dijo Figueroa.

La Propuesta 22 de California entrará en vigencia este mes e incluye un salario mínimo, un estipendio de seguro de salud y un reembolso de millas para trabajadores independientes basados en aplicaciones. No se brindan las protecciones que vienen con el empleo regular, como la licencia por enfermedad y los beneficios completos por discapacidad y desempleo.

Todavía es demasiado pronto para decir cuánto mejorará la situación para los conductores respecto al statu quo. La garantía de que a los trabajadores se les pague más del salario mínimo no cubrirá el tiempo que pasan esperando a un pasajero, horas que representan aproximadamente un tercio de su jornada laboral en promedio, según un estudio de la Universidad de California en Berkeley.

Pero si bien los activistas laborales se opusieron ferozmente a la medida electoral, incluso si los trabajadores inmigrantes pudieran votar en contra de la ley, no está claro si lo harían. Uber ha dicho que tres de cada cuatro de sus conductores apoyaban la propuesta. Muchos de ellos valoran la capacidad de establecer sus propios horarios y la independencia proporcionada al poder trabajar para múltiples aplicaciones a la vez. Uber y Lyft han dicho que si se vieran obligadas a hacer que los conductores fueran empleados, probablemente contratarían a menos personas y requerirían horarios más estructurados.

Las próximas líneas de batalla ya se están trazando sobre futuras regulaciones laborales. Estados como Illinois, Massachusetts, Nueva York, Washington y otros están estudiando actualmente los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, los grupos laborales se están organizando para luchar contra la implementación de la Propuesta 22 en California, así como normas similares en otras partes del país.

La organizadora de Gig Workers Collective Vanessa Bain afirma que el enfoque se centrará en la movilización de grupos más pequeños de activistas más comprometidos en las ciudades, incluidos los propios trabajadores, incluso si no pueden votar.

Luis Vásquez trabajó a tiempo completo para Uber desde el 2015 hasta principios de este año, cuando cambió a DoorDash porque la pandemia diezmó la demanda de transporte. Padre soltero, Vásquez dice que depende de las propinas para llegar a fin de mes y apoya firmemente las reglas que convertirían a los trabajadores en empleados regulares.

Dijo que todas las mañanas durante las dos semanas previas a la votación de California, desplegó una serie de pancartas de “No a la 22” en los pasos elevados de las autopistas en Los Ángeles. Vásquez, un inmigrante, no puede votar, pero dijo que encontró consuelo al tratar de influir en el resultado de otras maneras.

“Dimos una tremenda pelea, y no vamos a parar”, dice. “Espero que la gente haga algo para detener a estas empresas”.