Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, director de Videnza Consultores, indica que para ganar eficiencia en este rubro, la idea es eliminar de la planilla a los servidores públicos que no cuentan con marco legal y los puestos fantasmas
¿Qué tan crítica es la situación fiscal que nos deja la pandemia?
Los indicadores al cierre del 2020 muestran una situación no vista en décadas: un déficit fiscal alto (-8.9% del PBI), incremento del nivel de la deuda pública (35.5% del PBI), mientras que los ingresos fiscales no superan el 20% del PBI (18.2%), y aun cuando se han incrementado los recursos presupuestales en los últimos años, la calidad y eficiencia del gasto público no ha mejorado.
Entonces, acompañando la reactivación económica es importante hacer una política fiscal expansiva, pero que apunte a una convergencia, a sanear las finanzas públicas de forma de preservar un activo valioso que tiene el país que es la calificación crediticia en Grado de Inversión.
Ya hubo el año pasado una rebaja en la perspectiva de la calificación…
Si, pero no responde a que se dude de la capacidad de pago, el Perú se mantiene bastante solvente. Sí señala la necesidad de hacer reformas que aumenten el crecimiento potencial del país y de otras que se necesitan hacer en un contexto político polarizado.
Ese doble objetivo de reactivar la economía y consolidar las finanzas públicas implica entre otros, según la propuesta, fijar nuevos límites (´anclas´) en las reglas fiscales. ¿En qué consiste?
Las reglas fiscales deben ser factibles y tener credibilidad; eso es lo que explica parte del contar ahora con un Grado de Inversión y de ser el único país en la región que ha mantenido su calificación aún con la crisis. Tomando como base los que prevé el MEF en su último informe Preelectoral, que establece la necesidad de converger hacia un ancla que sea realista, sobre la base de un crecimiento del PBI que se vaya acelerando poco a poco y que se identifique un nivel de ingresos permanentes de tal manera que se estabilice la ratio deuda/PBI, porque de o contrario tendríamos el riesgo de perder el Grado de Inversión.
Entonces, lo que hemos hecho es plantear otro patrón de convergencia hacia otras anclas fiscales y en lugar que la ratio deuda/PBI sea de 30% del PBI, esta se incremente a 40% del PBI, y que el déficit fiscal, en lugar de converger hacia 1% del PBI podría ir a 1.5% (Ver gráficos).
¿Y qué se busca con esos cambios?
Se lograría mantener la calificación Grado de Inversión y al mismo tiempo acomodar el financiamiento de las reformas que el próximo gobierno quisiera emprender, especialmente en salud, capital humano y protección social, sin descuidar el crecimiento, la reactivación.
¿Cómo se lograría ello, en un contexto post pandemia?
Hemos identificado propuestas para el bicentenario, pero no sólo en materia tributaria, que permiten aumentar los ingresos permanentes en 2% del PBI, sino de eficiencia en el gasto público que podrían dar otros 2 puntos del PBI (Ver tabla).
¿Para aumentar los ingresos tributarios permanentes habrá que subir impuestos?
No, no planteamos nuevos impuestos ni aumentos de tasas porque ya son elevadas y eso podría llevar a mayores niveles de evasión e incumplimiento; lo que se busca es ampliar la base de contribuyentes y continuar con los esfuerzos para mejorar el nivel de incumplimiento que hay en el pago del impuesto a la renta (IR) y del impuesto general a la las ventas (IGV). Salvo en el IGV, que es el único cuya tasa se incrementaría en un punto, pero sólo si este incremento esté asociado a una reforma social, como puede ser de Pensiones, o una mejora en la cobertura de la protección de la seguridad social. Se plantea que este aumento se haga en el primer año de gobierno.
Yendo al detalle, ¿qué proponen sobre IR a personas naturales?
El umbral actual de 7 UIT, fijado para las deducciones del IR a la renta a personas naturales, hace que el 80% no pague el impuesto. La idea es reducir ese umbral a 4 UIT y los 3 restantes se podrían deducir para cierto tipo de gastos vía presentación d comprobantes de pago, lo cual fomentaría una mayor formalización y aumento de la base de contribuyentes. Con ello también se logra una mayor progresividad en el pago del IR (Los que ganan más pagan más)
En ese mismo rubro plantean un aumento en la tasa del impuesto a las ganancias de capital ¿En qué consiste?
Se ha tratado de mantener un nivel bajo de este impuesto a las ganancias de capital para fomentar el desarrollo del mercado de capitales, pero en la mayoría de países han incrementado esa tasa como es el caso de Chile (17%). No hemos especificado cuánto sería el aumento, hay que evaluar eso, pero podría ser de 5% a 10%; no se recaudaría mucho, pero le daría más progresividad al sistema.
Además, esta medida es mucho mejor que gravar la riqueza o las ganancias, en general. Nos resulta claro que no se debería aumentar las tasas del IR a las personas y a las empresas porque eso sí iría contra la reactivación económica.
¿Qué cambios se plantea a los regímenes tributarios existentes para las empresas?
La idea es simplificarlo lo máximo posible. Se podría ir hacia un régimen general o como planteamos, mantener el RUS, el régimen general y uno intermedio, en el cual la tasa de impuesto debería ser un poco menor al que aplica al régimen general (29.5%). Se busca evitar la proliferación de empresas que entran a un régimen para evitar la carga tributaria, no correspondiendo a su tamaño, evitar el “enanismo” de empresas.
La medida no genera mucha recaudación, pero es una forma de bajarle los costos de tributación a las empresas más pequeñas, ayuda a la formalización. Es una medida que ya se ha venido estudiando y es recomendada por los organismos multilaterales.
¿Y en qué consiste la propuesta para reducir el gasto público, el ordenamiento de remuneraciones?
Partimos de la base de mejoras en la Gestión pública, recomendada por el FMI y que ha estado trabajando Carlos Oliva. Se puede ganar eficiencia en el gasto público y con ello ahorrar 2% del PBI. Pero es posible que esos recursos no puedan centralizarse y trasladarse a otros usos si no que queden en los mismos sectores para redistribuirlos al interior de éstos. Donde sí pensamos que se pueden centralizar ahorros es en la planilla única del Estado.
¿Podría explicar esto último?
La idea es eliminar de la planilla única a aquellos servidores públicos que no cuentan con marco legal, y depurarla para eliminar los puestos fantasmas. De esta forma se podrían logar ahorros por 0.25% del PBI.
¿Y cuáles de las medidas planteadas deberían tomarse en los primeros 100 días del próximo gobierno para que se hagan efectivas?
Hay que tener en cuenta que se trata de una continuidad de varias cosas que ya se están haciendo. No se requiere de planteamientos tan nuevos porque esta agenda ya ha venido siendo estudiada por el MEF, el Consejo Fiscal ha estado alentando y tiene el respaldo del FMI y otros organismos multilaterales.
Creo que la efectividad parte por aprovechar el inicio del nuevo gobierno y lo primero será plantear al Congreso una delegación de facultades (Ver infografía) para el Ejecutivo para que plantee estas normas. Pero eso debe ir a la par de la aprobación de nuevas anclas fiscales, para que las reglas fiscales vuelvan a estar vigentes a partir del 2022, con un horizonte de largo plazo y convergencia en los siguientes 10 años.
Pero algunas de las medidas planteadas tomarán más tiempo implementarlas…
Si, claro, por ejemplo, aquellas orientadas a mejorar la recaudación del impuesto predial ya que significa mejorar el catastro. Una medida simple en este campo es actualizar el valor comercial de los predios que presentan una brecha importante respecto de los valores declarados en los autovaluos, lo cual de por sí ya permitiría aumentar la recaudación de este impuesto.
Asimismo, tomará más tiempo racionalizar el gasto tributario (beneficios, exoneraciones tributarias) porque hay mucha resistencia a nivel de las regiones, aunque algunos otros sí se podrían revisar como la efectividad del drawback a las exportaciones, nosotros creemos que se trata de un subsidio ciego.
¿Qué medidas tributarias contemplaría el pedido de facultades delegas para el Ejecutivo?
Fundamentalmente contemplaría cambios en la ley del IGV, en la ley de Responsabilidad Fiscal, en la forma del cálculo del impuesto ala renta, cambios en Código Tributario. También debería estar la creación de una oficina de estudios económicos en el Congreso de la República que cuente con carácter autónomo e independiente y asegure la viabilidad técnica de las leyes que se aprueben, para evitar que ocurra lo que hemos visto en los últimos meses en el Legislativo.
¿Y cuándo se verían los resultados de estas medidas, en caso las hiciera el próximo gobierno?
Su impacto se vería a partir del 2022 de forma gradual, de manera que el incremento de los ingresos en los 2% del PBI se concretaría en cinco años. En el primer año de aplicación de las normas, el 2022, se podría conseguir el 50% de esa meta. El efecto de lo que se apruebe del IGV sería inmediato, pero los cambios al IR empezarían a generar ingresos a partir del 2022. Pero la reforma tributaria propuesta se tiene que plantear de una manera orgánica para suscitar el interés y consenso político y de la población.