:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Z7S2SJI7DFCUTIUGEAAA455J2U.jpg)
Únete al canal de Gestión
La bancada de Acción Popular presentó un nuevo proyecto de ley que busca modificar la norma que regula la asignación familiar, un beneficio equivalente al 10% de la remuneración mínima vital que reciben los trabajadores que cuiden de hijos menores de 18 años o mayores de edad que estén cursando estudios hasta los 24 años o que cuenten una discapacidad severa.
La propuesta de Acción Popular plantea que este beneficio también sea recibido por los trabajadores que cuidan de sus “padres ancianos”, mayores de 60.
Al igual que la asignación familiar regular, el costo de este beneficio es asumido por el empleador. Asimismo, no se aplicaría a los trabajadores del régimen público.
Según el proyecto de ley, hoy en día es cada vez más común que “muchos ancianos no cuentan con los recursos necesarios para vivir dignamente y son dependientes económicamente de sus hijos” y, pese a ello, no existe un apoyo económico hacía los que cuidan de ellos, como el que se da en favor a los padres de hijos menores de edad.
LEA TAMBIÉN: Congreso debate ampliar plazo para que trabajadores denuncien a empleador
¿Cómo se accedería a este beneficio?
El proyecto estipula que un trabajador solo tendría derecho a este beneficio si su padre es económicamente dependiente de él y si no se cuentan con ingresos suficientes para la manutención de este.
Cesar Puntriano, socio del estudio Muñiz, indica que resulta difícil definir cuando una persona mayor sea económicamente dependiente de su hijo, por lo que la aplicación de la norma es complicada.
Además, se estipula que deberá contar con una “evaluación socioeconómica que determine su situación económica y familiar”, la cual no se encuentra detallada en el proyecto, por lo que no se conoce quien realizaría esta evaluación.
Según Katy Noriega, asociada principal del estudio PPU, el proyecto no da “suficiente información sobre cómo validar que los trabajadores se encuentran en el ámbito de aplicación de la norma”.
“Si bien esto podría aclararse mediante un reglamento, con solo lo que se encuentra en la ley no está claro, y esta ambigüedad afecta a ambos los empleadores y trabajadores”, indica la abogada.
LEA TAMBIÉN: Un tercio de inspecciones de Sunafil culmina en actas de infracción
Antitécnica
Según Puntriano, el proyecto es antitécnico y genera un costo laboral a todas las empresas, algunas cuales podrían ser afectadas, en especial las microempresas, cuya supervivencia podría ponerse en riesgo y, además, generaría más informalidad.
Al respecto, Noriega señala que, pese a que no es certero que la norma crearía más informalidad, el proyecto de ley debió hacer un análisis acerca de su potencial efecto en el mercado laboral.
“Por el valor del beneficio podríamos creer que su impacto no sería es tan significativo, pero puede haber un sector al que si le puede mover la aguja y sacarlo de la formalidad. Nuevamente, no sabemos esto pues el proyecto de ley no realizó el análisis correspondiente”, indica Noriega.
Puntriano señala que el proyecto va en contra del espíritu de la norma sobre asignación familiar, ya que este beneficio había sido contemplado como uno temporal. Sin embargo, la propuesta legal no pone fecha límite de entrega de la asignación.
Adicionalmente, el abogado recalca que el proyecto no contempla otros beneficios que puedan ser otorgados a las personas mayores, como la pensión por jubilación o pensión 65, señalando que “la norma está mal hecha porque no guarda relación con otros beneficios que existen en nuestro sistema legal”.
