Indecopi señaló que remoción de algunos miembros del Consejo Directivo se hizo al amparo de la ley

El Indecopi se pronunció sobre la solicitud que formuló su gerencia general a 47 funcionarios de la institución para que pongan sus cargos a disposición.

“El Indecopi es una institución técnica especializada, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y está conformada por dos áreas: administrativa y resolutiva. La segunda goza de autonomía funcional y sus miembros son designados o removidos por el Consejo Directivo y no por la presidencia ejecutiva. Así como, es el Consejo Directivo el que tiene la facultad de designar, remover y/o aceptar la renuncia del gerente general del Indecopi”, expresó a través de un comunicado.

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Añadió que el Consejo Directivo del Indecopi está conformado por dos representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cuales lo preside; además de un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y un representante del Ministerio de la Producción (https://www.gob.pe/institucion/indecopi/funcionarios).

Recordó que el pasado 13 de marzo, mediante Resolución Suprema N°053-2023-PCM se dio por concluida la designación de algunos miembros del Consejo Directivo del Indecopi, según explicó en cumplimiento de la Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción (Ley N°31419). “Se espera la designación de los nuevos representantes ante el Consejo Directivo para el reinicio de sus sesiones”, anotó.

Se removieron a tres integrantes del Consejo Directivo de Indecopi, Julián Palacín Gutérrez, José Carlos Aguado y Walter Otiniano Aranda.

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Finalmente señaló que la actual gestión del Indecopi impulsará una política de puertas abiertas y realizará los esfuerzos necesarios para garantizar un trabajo idóneo, íntegro, ético y transparente; así como el manejo eficiente de los recursos públicos y la correcta aplicación de la normativa legal vigente. Ello a la par del control concurrente de la Contraloría General de la República.

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